Comentario con López-Dóriga

Cuando vengan por nosotros...

  La Constitución y las leyes obligan al ministerio público a que, al momento de detener a una persona le informe de que se le acuse y de inmediato debe tener acceso de un abogado defensor.

  Las leyes también obligan a la autoridad a que, para catear un domicilio, debe presentar la correspondiente orden judicial.

  Todo indica que ninguno de esos requisitos legales cumplió  la Fiscalía de Veracruz al detener a Gregorio Gómez, exalcalde y candidato perredista a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz.

  El punto no es la eventual culpabilidad o inocencia del detenido. Es inaceptable que la autoridad viole la ley. Será imperdonable que callemos cuando lo hace, porque si callamos, nadie hablará cuando violen las garantías de cualquiera de nosotros.