La
semana que termina ha estado pletórica de acontecimientos. Sin embargo, por
esta ocasión en este espacio cibernético quisiéramos no hace un recuento, sino
intentar algunas reflexiones sobre su trascendencia.
El
rumbo que tomó la polémica por la iniciativa petrolera del Presidente Calderón,
más allá de las consecuencias políticas coyunturales, es una advertencia, una
señal más de alarma, porque lo que está en juego en esta etapa de la vida
nacional es la supervivencia de las instituciones.
No
importa cuál sea la percepción sobre las instituciones construidas en México
durante el siglo 20. El hecho es que ese entramado institucional,
crecientemente complejo, como compleja es la Nación, facilitó la transmisión
del poder de la República de un partido a otro, pacífica, ordenada y
civilizadamente.
Ese
mismo entramado institucional, ya con modificaciones modernizadoras, resistió
los embates de la sinrazón que sufrió durante el proceso electoral de 2006,
aunque con un enorme desgaste.
La toma
de tribuna, las marchas y los plantones serían sólo anecdóticas, si no
fomentaran la cultura de la desobediencia de las leyes, de todas las leyes que
no nos parezcan.
El
problema es que la difusión de esa cultura, la racionalización de la violencia
como recurso legítimo, al operar en la zona gris que separa a la ilegalidad de
la legalidad constituye intrínsicamente una amenaza a las instituciones.
Igualmente las amenaza la delincuencia organizada, cada vez más
violenta. La evidencia muestra que la delincuencia organizada del narco ha
contaminado el entramado institucional en el ámbito de las corporaciones
policíacas, las encargadas de combatirla.
Ha
sido advertido que la delincuencia organizada del narco, con su decidida
utilización de la violencia, fomenta una cultura de complicidad o indiferencia.
En esas circunstancias aumentan las posibilidades de que infiltre a las
instituciones político electoral, sea mediante aportaciones monetarias, sea
mediante arreglos de supuestos “pactos”.
Es
posible que se requiera una reestructuración institucional, pero no se pueden
desmantelar así como así.
Hay
que reformarlas, reconstruir el entramado institucional gradualmente, para que
cuando las viejas instituciones se difuminen sean sustituidas inmediatamente
por las que resulten de eventuales reformas.
La
defensa de las autoridades exige de voluntad política de todos los actores
políticos, de auténtico nacionalismo no de distorsiones ideológicas, sean de
derecha o de izquierda.
No es
asunto de ideologías, no es tema de geometría política. Es un asunto de interés
nacional, pero a nadie parece importarle.