Con el café

(Edición de Fin de Semana)

Por: José Fonseca

Como en la semana que termina, en las siguientes seguirá la escandalera, que no el debate sobre una eventual reforma energética, y las descalificaciones para la Reforma judicial y penal que es casi seguro que sea aprobada el próximo martes en la Cámara de Diputados.

Insistimos que aún no hay debate sobre la reforma energética por la sencilla razón de que ni siquiera dentro de las formaciones políticas representadas en el Congreso hay una idea acerca de qué rumbo tomará la política energética del país.

Quizá ese el punto central del debate, ¿cuál es la política energética que le conviene a la Nación? Conste, a la Nación, no al gobierno de Calderón, ni a los partidos, ni a los grupos empresariales fascinados con la desgastada tendencia maximizar utilidades.

¿Cuánto crudo queremos producir y cuánto queremos exportar? De la respuesta a esa pregunta podría surgir una discusión más razonada y razonable sobre política energética.

Durante enero de 2008, se produjeron 2,957 millones de barriles diarios. Se vendieron al extranjero 1,434 millones de barriles diarios. La producción ha bajado 5.9 por ciento. La exportación 9.4 por ciento. Esto es, exportamos casi la mitad del crudo que producimos diariamente.

Se consumieron 764 mil barriles diarios de gasolina. Aumentó 5 por ciento.

Se importaron 301 mil barriles diarios de gasolina. Aumentó 5.5 por ciento la importación.

El análisis de estas cifras, una proyección entrelazada de las metas del consumo doméstico en un economía con mayor crecimiento, las limitaciones de la exportación en las condiciones a esperar en la próxima década, más que discutir si Pemex se privatiza o no, le darían un contenido más inteligente al debate.

                                                                                                                                                                                                              REFORMA JUDICIAL

El próximo martes, es casi seguro sea aprobada la llamada Reforma Judicial, que intenta transformar a fondo el sistema de administración y procuración de la justicia.

Hay muchas prevenciones sobre los cambios incluidos en la iniciativa.

De una parte, están a disgusto muchas organizaciones de abogados y juristas, aunque no queda claro si el disgusto es por el cambio, tan radical, para un sistema de administración de justicia que ha sido utilizado durante tanto tiempo. Uno que exige algo más que movimiento de papeles. Por ejemplo, le exige a los jueces estar presentes en todas las fases de un juicio, lo cual no ocurre ahora.

A los agentes del ministerio público les reduce facultades, porque no podrán consignar a una persona sólo por ser acusada de cometer un delito. Tendrán primero que integrar una averiguación que contenga las pruebas y evidencias suficientes para entonces presentar al acusado ante un juez.

Sobre todo, ha levantado una gran polémica la facultad que se otorga a las policías y agentes investigadores a ingresar a un domicilio sin previa orden de cateo, siempre que esté en peligro la integridad física de una o varias personas.

Quizá ese sea el punto más polémico.

La discusión tiene una gran carga emocional, pero sobre todo una enorme carga ideológica.

Al final del día, es un intento por cambiar el sistema de administración y procuración de justicia, el cual todos están de acuerdo que desde hace varios años es altamente ineficaz.

El gobierno de Felipe Calderón, el PAN y el PRI han decidido que el deterioro y la ineficacia, formidable obstáculo para combatir a la delincuencia común y al crimen organizado, hacen que valga la pena correr el riesgo político de cambiar el sistema.

El tiempo, porque transcurrirán varios años para que el cambio empiece a operar a plenitud, dirá si el riesgo político valió la pena.

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