Con el café

(Edición de Fin de Semana)

Por: José Fonseca

Como era de esperarse, en la semana que termina las reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales, el Cofipe, y la designación de tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral, incluido el consejero presidente, ocupó mucho tiempo y espacio en los medios.

Las reformas al Cofipe, buenas o malas, ya son una realidad, falta sólo la promulgación de la ley para que con esas reglas se efectúen las siguientes elecciones, incluidas, por supuesto, las de diputados en 2009.

Sólo la práctica mostrará si tuvieron razón los críticos de la reforma. Si tuvieron razón, pues habrá que corregir las reglas.

El lance de las coaliciones será resuelto, como siempre en la mesa del diálogo entre los tres grandes partidos con los partidos pequeños. Lo demás, sólo el tiempo permitirá calificar la “eficacia democrática” de esta reforma.

En cuanto a la elección de consejeros del IFE, se desarrollan las negociaciones habituales para la designación. El farragoso proceso emergente acordado por el Congreso no es sino la cortina de humo para darles tiempo para esa negociación.

Quizá, al final del día, lo menos importante es qué partidos promueven a qué consejeros.

No importa quiénes resulten elegidos, qué partidos los patrocinen o cuáles sean sus preferencias ideológicas. Los nuevos consejeros, si se quiere devolver al IFE la credibilidad que se encargaron de minar quienes perdieron la elección, tendrán que demostrar que tienen integridad personal, honradez intelectual y la dignidad para asumirse como organismo autónomo.

Si lo consigue, le habrán hecho un servicio al IFE y a la Nación.

Si no, las elecciones corren el riesgo de convertirse en una larga cadena de litigios legales que, al final, a nadie dejarán satisfecho. Ni siquiera a quienes ganen esos litigios.

VIOLENCIA ARMADA

Hubo un tema que quizá no fue suficientemente valorado por la opinión pública. Nos referimos a la violencia armada.

Tanto a la violencia armada del narcotráfico como al amado de la guerrilla de reanudar lo que llama “operaciones de hostigamiento”, incluidos los secuestros.

En ambos casos las élites de la República, las élites políticas, académicas y sociales, no parecen tener el ánimo que exige enfrentar a la violencia armada.

Hay demasiados racionalizaciones de carácter ideológico y moral que a veces parecen pedirle al Estado acudir a la lucha con las manos atadas. Nadie pide que se rompa la legalidad, pero nos acercamos al momento en que la situación será extraordinariamente difícil.

Si el crimen organizado mantiene su amedrentamiento y su vinculación con ciertos grupos locales, políticos y económicos, el Estado necesitará de instrumentos extraordinarios para enfrentar una situación excepcional.

No puede la sociedad perderse en las inútiles discusiones de los intereses partidistas, porque la corrupción promovida por el crimen organizado no distingue color de partido.

En cuanto a la guerrilla, si como amenazó el EPR pasa a la ofensiva, habrá dificultades para combatirla con eficacia.

Primero, porque aún no se han recuperado los organismos de inteligencia de la debacle del sexenio pasado.

Segundo, porque no hay una política definida y concreta de cómo enfrentarla, pues todavía el gobierno está atrapado en el discurso de “no reprimir los movimientos sociales”.

En lo que a la guerrilla compete, la sociedad está atrapada en el análisis simplista del pasado y asediada por aquellos cuya vocación democrática es apenas un barniz y ven con simpatía la llegada al poder por la vía de la violencia.

Y sin una política integral del Estado, se corre el riesgo de que la inercia de los acontecimientos en algún momento del tiempo cercano propicie una vinculación entre la guerrilla y el narco.

Entonces tendríamos el peor de los mundos.

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