Con el café

(Edición de Fin de Semana)

Por: José Fonseca

La semana termina con la celebración del primer año de gobierno del Presidente Felipe Calderón, la presentación en el Senado de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales y la airada reacción por la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la escritora Lydia Cacho.

PRIMER AÑO

Con aciertos y errores, según propia confesión, ha gobernado el Presidente Calderón durante estos primeros doce meses en el poder.

Ha logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso, quizá, según los más exigentes, insuficientes, pero la muestra de que desde Los Pinos se ha empezado a hacer política.

Y hacer política significa dialogar, negociar, acordar y, con frecuencia, ceder.

Hasta ahora eso ha hecho el Presidente Calderón, con los altibajos propios de una Presidencia que arrancó en medio de la turbulencia y con tan malos augurios a causa del encono cotidianamente azuzado por quienes perdieron la elección.

Durante este primer año, y por lo que resta del sexenio, estará presente la amenaza del crimen organizado, cuyas actividades se han intensificado en las pasadas semanas.

La estadística de 2,700 ejecuciones publicada por el diario Milenio da una medida del desafío enfrentado y por enfrentar.

El problema es que, en verdad, la sociedad toda no está dispuesta a dar la batalla al crimen organizado. Si lo estuviera ya hubieran exigido una legislación excepcional que infundiera eficacia en la lucha contra el narcotráfico.

El marco legal que tenemos, desafortunadamente, aún no tiene la flexibilidad que permita al gobierno estar a la altura del desafío. Y el gobierno no se ha decidido a ser más enérgico en obtener más herramientas legales para el combate al crimen organizado.

Se dice que el Presidente Calderón ha respetado muchos de los cotos de poder que, según los académicos extraviados en el periodismo, son el freno al desarrollo del país.

Hubiera sido de una suicida temeridad que un Presidente que como Felipe Calderón tuvo que acreditar su autoridad constitucional, legal y política como Presidente de la República, se hubiera entretenido en abrir más frentes de combate.

Al menos en este primer año el Presidente Calderón ha reconocido que se desde el gobierno se hace lo que se puede, a veces un poco más, pero no se puede hacer todo lo que se quiere.

Ojalá y esa visión realista la compartan sus colaboradores, algunos de los cuales todavía creen que los principios están antes que las responsabilidades.

COFIPE

Sería irresponsable opinar sobre las reformas al Cofipe.

Hay que leerlas primero.

Lo cual no será obstáculo para que el Senado las apruebe esta semana que está por empezar. Y luego irán a la Cámara de Diputados.

Así que, para cuando los ciudadanos de a pie leamos las reformas y empecemos a entenderlas, ya estarán aprobadas. Serán ley.

Con esa celeridad sospechosa se mueve la reforma al Cofipe, resultado de una negociación entre los tres grandes partidos -PAN, PRD y PRI-, y de la aquiescencia del gobierno del Presidente Calderón.

¿Por qué el silencio de la Presidencia?

Porque el Congreso ha hecho realidad aquella de sacar las castañas de fuego con la mano del gato. Le ha ahorrado al Presidente una confrontación directa con algunos sectores de la sociedad.

Lo que si ha sido un sainete, una farsa, como se dijo en este espacio siempre, es la designación de los tres nuevos consejeros del IFE.

Ya tienen los líderes de la Cámara de Diputados una lista de 10 nombres de los cuales saldrá el nuevo presidente y los otros dos consejeros del IFE.

Dentro de ocho días todo estará consumado, para bien o para mal de nuestras elecciones.

CASO PUEBLA

El caso de Lydia Cacho es la mejor muestra de que ocasionalmente -y cada vez con más frecuencia- algunos partidos y un sector importante de la prensa adoptan una causa como propia.

En caso de la escritora, su detención, traslado a Puebla y posterior exoneración, es paradigmático.

Desde el punto de vista partidista se aprovecha para combatir a un gobernador priísta.

Desde el punto de vista de la prensa se contó con una campaña mediática asombrosamente eficaz.

Cuando el caso de la escritora llegó a la Suprema Corte de Justicia, ya estaba juzgado y sentenciado por la opinión pública influenciadapor importantes comunicadores y comunicadoras.

Es posible que el gobernador de Puebla Mario Marín haya actuado en complicidad con el empresario poblano Kamel Nacif para detener, consignar y juzgar a la escritora Lydia Cacho.

Pero ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaban pruebas reunidas por el ministro Juan Silva Meza que, en el mejor de los casos, eran circunstanciales, insuficientes para el fallo que deseaba un sector de la opinión pública.

Con el agravante de que algunas de las conversaciones aportadas como prueba era el resultado de intervenciones telefónicas ilegales, ordenadas por el ministro Silva Meza.

Quizá la razón moral y ética la tenga la escritora Lydia Cacho; pero la Corte decidió no castigar una ilegalidad -la presunta complicidad del gobernador Marín-, sancionado una ilegalidad -las intervenciones telefónicas ordenadas por el ministro.

El precedente hubiera sentado jurisprudencia como para que en cualquier caso futuro, trátese de quien se trate, se pudieran aceptar grabaciones de intervenciones telefónicas ilegales como prueba ante los tribunales.

El fallo de la Corte protegió, al final los derechos de todo.

Un apunte más:

Digan lo que digan la escritora y sus defensores, lo que menos les importa es el combate a las redes de pederastia y pornografía infantil.

Si les importara, ¿qué detiene a tantos y prominentes periodistas para realizar reportajes de investigación sobre las redes de pederastia y pornografía infantil que operan en los principales destinos turísticos de la República y el DF?

¿Por qué no se hacen esos reportajes?

La semana que termina la marcaron dos acontecimientos:la violenta irrupción a la Catedral Metropolitana por un grupo de simpatizantes de la Convención Nacional Democrática, y por las acaloradas protestas de muchos medios y muchos periodistas por las reformas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales que “cocina” el Congreso.

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