Con el café

(Edición de Fin de Semana)

Por: José Fonseca

  La semana estuvo marcada por el ineficaz manejo comunicacional de la Iniciativa Mérida, el acuerdo con Estados Unidos para el combate al crimen organizado; por el insistente protagonismo y rijosidad del ex presidente Fox, y por el accidente en la plataforma petrolera que costó la vida a 23 trabajadores.

  Es innegable que México, como una de las dos vías de acceso a Estados Unidos no puede ser ajeno a la lucha antiterrorista. El terrorismo es una amenaza real, más real de lo que aceptan muchos cuya lucidez es nublada por la ideología.

  Igualmente urgente es que las fuerzas policíacas y militares de México modernicen su equipo, recursos tecnológicos y capacitación para enfrentar al crimen organizado. Y no tiene el gobierno mexicano suficientes recursos para esa modernización.

  Bajo la premisa de que el problema del narcotráfico es una corresponsabilidad entre México y Estados Unidos, el gobierno de Calderón decidió obtener el respaldo que requiere para modernizar sus recursos contra el crimen organizado.

  Se preveía una reacción irritada de muchos sectores, en los cuales el antiyanquismo es crónico y, a veces, hasta enfermizo.

  Mas la reacción ha sido más virulenta y menos manejable de lo que se calculó en Los Pinos, por la sencilla razón de que no se armó una estrategia de comunicación adecuada y eficaz.

  Hubo contradicciones, titubeos e innumerables aclaraciones que sólo enturbiaron más el ambiente político para un acuerdo que, al final del día, también está atrapado en las rencillas políticas del Congreso de Estados Unidos, pues allá en Washington nada de lo que se decide es ajeno a la batalla por la Casa Blanca, batalla que está en marcha.

  Además, el acuerdo de apoyo a México de la Iniciativa Mérida fue incluido en el presupuesto complementario de 42 mil millones de dólares solicitados por el presidente de Estados Unidos George Bush para las guerras en Irak y Afganistán. Eso le da un matiz polémico en el cual puede naufragar la iniciativa y, al final de la jornada, el debate ideológico en México habrá sido inútil.

FOX

 El ex presidente Vicente Fox y muchos de sus aliados en el PAN han considerado que el activismo del ex mandatario se justifica, por no estar obligado a respetar las reglas no escritas de lo que peyorativamente llaman el “viejo sistema autoritario”.

  Ahora el ex presidente Fox paga el costo de violar esas reglas no escritas que, después de todo, corresponden a la idiosincrasia nacional, pues de todo se puede acusar a los hombres del antiguo régimen, menos de no conocer a su pueblo.

  El ex presidente Fox y sus aliados no midieron el impacto que podrían tener en el régimen de Felipe Calderón el activismo rijoso, sobre todo cuando Calderón ha tenido que enfrentar graves cuestionamientos a la legitimidad de su elección.

  Esa era la razón política más lógica y poderosa para que el ex presidente Fox callara, pues ya era suficiente que, como dijo el Tribunal Federal Electoral, el activismo foxista haya puesto en riesgo la elección, para todavía pavonearse por ello.

  En su temeraria rijosidad, Fox subestimó a la opinión nacional.

  Quizá las acusaciones en su contra y contra su esposa Marta Sahagún de Fox jamás podrán ser probadas; pero como es tradición en este país, el ex presidente y su familia ya han sido juzgado y condenados por la opinión pública.

  Así les ocurrió a todos sus antecesores en el cargo. A algunos el tiempo los reivindica; pero él no tiene la paciencia, quiere reconocimiento en vida. No lo va a tener, porque están demasiado frescos los agravios, reales o imaginarios.

  Es posible que, como lamentan algunos, se haya emprendido una campaña de linchamiento contra el ex presidente y su esposa.

  Es el precio que se paga cuando se pierde la aureola de la Presidencia que arropa y disfraza las limitaciones de los inquilinos de Los Pinos.

ELECCIONES

  El lunes 29 de octubre en la Cámara de Diputados empezará a procesarse la proclama de las reformas constitucionales en materia electoral.

  Y transcurrirán cuando menos seis semanas para que dichas reformas constitucionales sean aterrizadas en cambios a 16 leyes secundarias y en la creación de cuanto menos tres nuevas.

  Esa es la tarea que enfrentarán los diputados.

  Además, en ese lapso tendrán que escoger al nuevo consejero presidente del IFE y a dos consejeros más. Se esfuerzan por cambiar el procedimiento, pero no importa los cambios que se le hagan, al final serán ellos los diputados quienes tendrán que elegir y votar de acuerdo a los intereses de sus partidos, porque es un proceso político, pues nada de lo que se hace en el Congreso puede ser asépticamente apolítico.

  El riesgo que corren los legisladores es que no les alcancen las seis semanas para traducir en leyes las reformas constitucionales y que se haga una aprobación al vapor.

  Eso haría inútil toda la reforma electoral, pues habrán reemplazado unas reglas que nos han dado cuatro elecciones federales razonablemente confiables, a pesar de los cuestionamientos rabiosos de algunos perdedores.

   Y las nuevas reglas podrían ser tan improvisadas que podrían hacer de las próximas elecciones federales un caos.

  El peor de los mundos. 

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