Con el café

(Edición de Fin de Semana)

Por: José Fonseca

 Hay muchos procesos en marcha, algunos de los cuales pueden ser determinantes para el ejercicio del gobierno del Presidente Calderón.

En algunos puede influir abiertamente, en otros tiene que hacerlo con sigilo, pero ninguno serle ajeno, porque están involucrados en esos procesos instituciones y grupos de interés, de cuyo equilibrio depende una gobernabilidad eficaz.

UNAM

Antes de una semana, la Junta de Gobierno de la UNAM habrá escogido al sucesor del rector Juan Ramón de la Fuente.

Hasta ahora, el proceso transcurre con tranquilidad, la tranquilidad resultante del equilibrio de fuerzas conseguido durante ocho años de buen trabajo del actual rector.

Durante los seis años de gobierno de Vicente Fox y ahora durante 11 meses de gobierno de Felipe Calderón, la Universidad Nacional Autónoma de México no ha sido factor de desestabilización, por el contrario, ha contribuido a la estabilidad política y social.

No importa quien suceda a De la Fuente. Quien quiera que sea tendrá que lidiar con los embates de quienes desde la militancia política no pierden la esperanza de volver a atrincherarse en la UNAM y convertirla en ariete para sus objetivos políticos.

Contará, quien sea el nuevo rector, con el respaldo de la sociedad; pero tiene que ser algo más que declarativo, porque le embestida será fuerte.

Y se corre el riesgo de una regresión que sería una tragedia para la Nación.

IFE

A menos que usted, cibernético lector, sea de quienes se hagan ilusiones sobre los objetivos de la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, está más que claro que el nuevo consejero presidente y los dos consejeros a relevar en las próximas semanas deberán surgir de una negociación entre todos los partidos.

Es una ingenuidad que la llamada “consulta” que hará la Cámara de Diputados será abierta a toda la sociedad.

No, será un nuevo ejercicio de intercambio de opiniones entre los legisladores y las mismas organizaciones -¿civiles o políticas?- que impusieron sus criterios en las reformas constitucionales en materia electoral.

Y, como tiene que ser cuando una de las Cámaras del Congreso aprueba designaciones, la selección de dos nuevos consejeros del IFE y de su consejero presidente será el resultado de negociaciones entre los partidos.

Negociaciones políticas, aunque nos digan lo contrario.

Sólo se puede aspirar a que los nuevos consejeros asuman su autonomía y resistan las presiones de sus “benefactores” que los escogieron.

LEY DE MEDIOS

En las próximas semanas, en el Senado se tomarán importantes decisiones en materia de medios, decisiones de las cuales dependerá el límite que se impondrá a la libertad de que ahora han disfrutado los medios de comunicación electrónicos.

No será ajeno a ese proceso el Ejecutivo, pues desde el gobierno se han hecho manifestaciones que muestran la intención de reglamentar los contenidos de los programas en los medios electrónicos.

En estricto rigor muchas de esas disposiciones ya están en las leyes. Son las autoridades las que no las han aplicado o, en muchos casos, las sanciones son ineficaces.

Nadie, por supuesto, puede estar en desacuerdo con el respeto a la vida privada y al honor de las personas, en el ejercicio periodístico de los medios de comunicación electrónicos, uno de los argumentos esgrimidos por los “purificadores”.

El riesgo es que de lo que algunos llamaron “libertinaje” durante los últimos 15 años, ahora el péndulo se mueva hacia el excesivo control de contenidos. A una novedosa forma de sutil censura.

Sobre ese riesgo ya advirtieron muchos especialistas, aún aquellos que han sido críticos de los medios de comunicación electrónicos.

En este espacio se ha advertido sobre esa tentación.

Podrá parecer exagerada la prevención; pero más vale prevenir que luego lamentar.

La sociedad y el proceso modernizador de la democracia mexicana tienen todo que perder si los políticos del Congreso ceden a dicha tentación.

Es un riesgo latente, porque en la nueva ley de medios están en juego no sólo los prejuicios políticos y académicos, sino poderosos intereses empresariales, a quienes no les importa la libertad de expresión, sino convertirse en empresarios de medios electrónicos a partir de un nuevo esquema legal.

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