Con el café

(Edición de Fin de Semana)

Por: José Fonseca

¡SORPRESA!

La semana estuvo salpicada por las mismas declaraciones desmesuradas, por las rencillas entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal y, claro, por el escándalo provocado por la imprudencia de Vicente Fox y su esposa Marta.

Sin embargo, recibe poca atención de los medios la labor que se desarrolla en el seno de la comisión para la reforma del Estado.

Ahí, se preparan nuevas sorpresas para la sociedad mexicana.

Con cierta torpeza, los diputados priístas lanzaron por delante la propuesta de implantar en México un sistema semipresidencialista. La tentación que en este espacio cibernético se ha señalado.

La propuesta es la siguiente: convertir al Presidente de la República sólo en el Jefe del Estado, sin facultades ejecutivas, una figura decorativa, pues.

Al Presidente, de cualquier manera se le elegiría en la votación sexenal; pero luego quien resultara elegido tendría que proponer una terna al Congreso, de la cual los legisladores escogerían al Jefe de Gobierno.

El poder que ahora tiene el Ejecutivo, en consecuencia, pasaría al Legislativo.

Eso nos llevaría a un sistema semipresidencialista o semiparlamentario.

Esa opción ya se baraja en las reuniones de la reforma del Estado. Proviene de un importante grupo de miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de otros intelectuales influidos por la cultura política europea.

El argumento más socorrido de esta propuesta es que se crearían mejores condiciones para que haya acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, menos confrontaciones como las actuales.

Sorprende que muchos senadores panistas se hayan entusiasmado con la propuesta, pues se subordina al Ejecutivo, al Presidente de la República, a la autoridad del Congreso.

Sorprendería aún más que el Presidente Calderón aceptara tal iniciativa, por las consecuencias que tendría en el ejercicio del poder presidencial.

En esencia se trata de iniciativas cuyo objetivo es provocar una ruptura del equilibrio entre los Poderes de la Federación, una desaparición de la división de poderes que hoy están determinados en la Constitución.

El parlamentarismo ha sido analizado por agudos estudiosos, particularmente porque representa a un sistema político resultante de una larga tradición cultural y política, tradición que en México no existe.

Si de forzar acuerdos entre las fuerzas políticas se trata, habría una solución más simple, menos complicada, una solución que no trastoca la constitucional división de poderes de la República.

Bastaría con aprobar la reducción de legisladores, con la desaparición de las representaciones proporcionales en la legislatura nacional y en las legislaturas locales. Y luego restablecer la reelección de legisladores y, si se quiere, de presidentes municipales.

Con la reelección, serían los votantes quienes obligarían a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. Aquellos legisladores que fueran persistente obstáculo para los acuerdos, simplemente no serían reelegidos.

Así, el poder se entregaría a los votantes.

La reelección de legisladores significaría también la institucionalización de la rendición de cuentas.

Los legisladores tendrían que convencer a sus electores de que en verdad los representan, si quieren reelegirse.

Y las leyes responderían más a los intereses de los ciudadanos que a los de los grupos políticos que, en la situación actual, sólo se reciclan a sí mismos, sin tomar en cuenta a los electores.

Y, sobre todo, se evitaría un sistema político que culturalmente no corresponde a la idiosincrasia nacional y que al imponerse desde las cúpulas de las élites políticas estaría condenado al fracaso.

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