Hace ya casi cuatro años, al iniciar esta aventura en
la internet, se planteó la premisa de que la alternancia en el poder, la
creciente democratización y liberalización provocaban ya un reacomodo en la
correlación de las fuerzas políticas y económicas de la sociedad mexicana.
Los acontecimientos de la semana que termina en cierta
forma confirman dicha premisa, con la aprobación de las reformas
constitucionales en materia electoral y de la reforma hacendaria.
Como toda reforma o proyecto de ley, las reformas
electoral y hacendaria parecen insuficientes a unos, excesivas a otros.
Es posiblemente prematuro juzgar la profundidad de su
alcance y lo cerca que hayan estado de alcanzar sus objetivos.
Sólo la realidad de su influencia en los ámbitos, el
hacendario y el electoral, ubicará a ambas reformas en justa dimensión.
Es innegable que la aprobación de ambas reformas fue
el resultado de una negociación entre el Presidente Felipe Calderón y las
fuerzas políticas.
No fue sólo un intercambio quid pro quo del Presidente
Calderón con la oposición en el Congreso, a juicio de este espacio cibernético
se trata de una maniobra política cuyo objetivo es fortalecer, primero, a la
figura presidencial y, de paso, fortalecer al Estado Mexicano, debilitado por
la obsecuencia del sexenio foxista caracterizado por desmesuradas
conciliaciones e irreflexivos arreglos coyunturales con algunos sectores de la
sociedad.
Convenció a la oposición de la necesidad de ese
fortalecimiento. Y cada formación política, aunque haya sido por sus propios
intereses y prejuicios, decidió la conveniencia del acuerdo con Los Pinos.
Desde esa perspectiva, el acuerdo entre la oposición y
el Presidente fue eficaz.
La reforma hacendaria envía el mensaje, prevista hace
meses en este especio, de que el Presidente Calderón no le debe su triunfo a
los grupos empresariales. Es el sutil recordatorio de que la motivación para
apoyar a Calderón fue el temor de dichos grupos a una eventual Presidencia de
López Obrador. Vamos, de que no les debe más que a otros. Salvo por la
circunstancia de producir más recursos para el erario público, no será más
trascendente, salvo el impuesto especial de tasa única, con el cual se intentan
construir los cimientos de una nueva estructura fiscal y recaudatoria.
La reforma electoral consigue, ciertamente, una
relativa reducción del gasto electoral, renueva al IFE y crea nuevas reglas del
juego para los procesos electorales.
En ese lance se intenta fortalecer al Estado y a la
clase política frente a la influencia de los medios.
A pesar de la polémica entre el Congreso y los medios,
polémica en la cual hubo desmesuras de ambas partes, aunque también se hayan
escuchado voces sensatas, los alcances de las nuevas reglas se conocerán en las
elecciones legislativas de 2009.
La reforma electoral, debemos tener claro todos, no
fue hecha con los ciudadanos en mente. Fue una reforma para la clase política,
un intento de crear nuevas reglas del juego que les permitan resolver con menos
confrontaciones sus diferencias.
A juicio de quienes esto suscribimos, sin embargo,
existen riesgos resultantes de lo agrio de la polémica entre medios y el
Congreso.
Los riesgos se ocultan tras la cortina de humo de la
satanización de los medios electrónicos, la satanización de los partidos
políticos y la ambigua actitud de algunos cuya única ambición es convertirse
también en jugadores en los medios electrónicos.
Los riesgos están en la ambigüedad de algunos de los
artículos, lo cual podría provocar quejas e impugnaciones de las fuerzas
políticas y empezar a reducir los márgenes de libertad de expresión actuales.
El encono de la polémica, aún no superado, podría
llevar a las fuerzas políticas y a Los Pinos a endurecer en la revisión que ya
se hace en el Congreso de la ley de medios las restricciones a los medios electrónicos.
La tentación está allí, tanto para los partidos como
para Los Pinos, para aprovechar la nueva ley de medios para de alguna manera
empezar a tener ingerencia en los contenidos editoriales. Y perderán no los
medios, sino la sociedad toda.
En suma, ha sido una buena semana para el Presidente
Calderón y para los partidos de oposición.
Sólo queda ahí, así como suelto, el tema de los
atentados del EPR, los cuales han provocado en algunos sectores una suerte de
crisis existencial, mejor definida por Miguel González Avelar la comprensión y
tolerancia para quien violente las leyes con base en supuestos propósitos
redentoristas.
Contra ese factor, además de contra la guerrilla,
tendrá que librarse la batalla, una que el gobierno de Felipe Calderón tendrá que
librar con respeto irrestricto a las leyes y a las garantías individuales. Si
no, aunque se derrote a la guerrilla militarmente, la batalla política la
habrán perdido.