La semana estuvo marcada por el suspenso en torno a la
ceremonia del informe presidencial, ceremonia que al final de cuentas tuvo dos
tiempos: uno en el Congreso, el otro en Palacio Nacional.
En el Congreso el Presidente Calderón participó en una
ceremonia que duró cuatro minutos. Ese fue el tiempo requerido para entregarle
el informe presidencial por escrito al vicepresidente de la Cámara de
Diputados, el panista Cristian Castaño, porque la presidenta Ruth Zavaleta,
fiel a los dictados de su partido se retiró del salón junto con la bancada
perredista durante el lapso que estuvo el Presidente en la tribuna del Salón de
Plenos.
Como lo dijo Dante Delgado, dirigente de Convergencia,
operó en la ceremonia de ayer “el pacto del silencio”.
Ese pacto, confían en Los Pinos, facilitará el
tránsito de las reformas en el Congreso.
Pero durante la semana también se movió con celeridad
inusitada la reforma electoral. Primero con la iniciativa de reformas constitucionales
que la sustentarán, luego con el resto de reformas legales que nacen del
anteproyecto presentado por un grupo de políticos y académicos.
Hoy le entregamos a usted unas reflexiones sobre el
Informe Presidencial y su ceremonia y sobre la pretendida reforma electoral.
INFORME
PRESIDENCIAL
Es posible que hoy domingo el Presidente Calderón haya
perdido la oportunidad de marcar el sello que desea imprimirle a los informes
presidenciales, para no ser rehén sólo de las veleidades de los partidos.
El escenario en Palacio Nacional fue el adecuado; pero
el discurso fue una reedición de los antiguos informes presidenciales.
Personalmente, al final de la ceremonia, mientras se
rendían honores a la investidura presidencial, pienso que la reunión de los tres
poderes de la federación fue la intención de los Constituyentes del 57 y los
del 17.
Una ceremonia austera, con toda la élite
gubernamental, política y social de la República, en la cual el Presidente de
la República habla de los retos que confronta la Nación y cuál es el rumbo para
afrontarlos con éxito.
Esa, pienso, debió ser la esencia del discurso de
ayer. Debieron omitirse las exposiciones de lo realizado.
Pienso también que sigue equivocándose el Presidente
Calderón al insistir en dialogar con el Congreso, porque los partidos lo
interpretan como la intención de debatir. Y debate no es lo mismo que diálogo.
Quizá en Los Pinos debieran repasar el artículo
publicado por el doctor Diego Valadez, quien advierte que un debate directo del
Presidente con el Congreso puede contribuir a marcar más las diferencias.
“Sería un Presidente rijoso, opina Valadez, en lugar del Presidente que tiene
que conciliar a todos”.
No comparto la idea de que debe desaparecer el informe
presidencial como ritual.
Confrontar sólo al Congreso no significa estar
literalmente ante la Nación.
Quizá, los jóvenes y noveles apóstoles del cambio,
deberían tener en cuenta para los cambios la cultura política nacional.
Si el uno de septiembre, el Presidente de la República
entrega su informe por escrito y luego pronuncia no un recuento de hechos, sino
un mensaje corto acerca del rumbo que debe tomar la Nación, sería un acto
republicano, democrático.
Hay que recordar la advertencia del periodista
norteamericano Alan Reeding: “no tendrá éxito ningún cambio que no corresponda
a la idiosincrasia de los mexicanos”.
REFORMA
ELECTORAL
La reforma electoral propuesta por los partidos es
sólo una etapa más en la encarnizada disputa por reducir el poder presidencial.
Se quiere reducir el poder presidencial por la simple
y sencilla razón de que la oposición percibe que, a menos que ocurriera un
desastre económico y social, no conseguirá arrebatarle la Presidencia al PAN en
las elecciones de 2012.
En esta discusión en los medios, en la academia y
entre los partidos políticos, acerca de la ideología del gobierno y del país,
todos, hasta los panistas, olvidan la frase de don Guillermo Bonfil, profundo
conocedor de la idiosincrasia nacional: “…El México profundo es conservador”.
Es por eso que los partidos, casi seguros que no
podrán ganar en 2012, y temerosos de perder terreno en las elecciones
legislativas federales de 2009, tienen prisa por acotar al Presidente.
La reforma electoral es uno de esos pasos apresurados,
porque si bien contiene aspectos muy positivos, su efecto real en la política
nacional es diluir la autonomía del IFE y del Tribunal Federal Electoral,
organismo que en el nuevo esquema estarían bajo el control, sutil, pero férreo,
del Congreso y los partidos ahí representados.
Por eso la prisa, porque cuando la hayan aprobado,
previa aprobación de las reformas constitucionales correspondientes, nos
encontraremos con que la balanza del equilibrio de Poderes de la Federación la
inclinan los partidos a favor del Legislativo y en perjuicio del Ejecutivo.
Y lo peor, no es garantía de elecciones más limpias ni
más equitativas, porque el árbitro será empleado de los partidos.