La sequía de información está a punto de terminar.
Agosto es el mes de los prolegómenos de los debates
más trascendentes, en lo político y en lo económico.
Más allá de las declaraciones, algunas sensatas, la
mayoría coyunturales y sin contenido, en este mes se resuelve sí el Presidente
Calderón podrá al menos tener los cimientos presupuestales y políticos para el
sexenio.
Los cimientos presupuestales tienen que asentarse en
la mayor disponibilidad de recursos para los programas sexenales,
particularmente para los programas de infraestructura, sin los cuales
difícilmente se podrán sortear con éxito las turbulencias de una economía
norteamericana en problemas.
La reforma fiscal, presuntamente, proporcionará la
mayor parte de esos recursos.
Y, paradójicamente, la reforma fiscal ha juntado a los
extremos. Se oponen a ella los grandes intereses empresariales y se opone la
izquierda agrupada en el PRD.
La izquierda porque le apuesta a un fracaso del
régimen calderonista; los empresarios por su habitual insensibilidad a los
vientos de fronda que empiezan a circular por la República.
Como sea, será en este agosto cuando los grupos
políticos tengan que ponerse de acuerdo.
Se tratará, por supuesto, de acuerdos políticos,
porque es de una peligrosa ingenuidad suponer que la discusión del tema de los
impuestos es un tema meramente económico.
Nada más político que los impuestos y las finanzas
públicas.
Ya no se trata de seguir los consejos del Fondo
Monetario Internacional, como aducen los grandes simplificadores, pues hasta el
FMI propone que se fortalezca el Estado, para cumplir con su rol de rector, de
árbitro y controlador de los poderes fácticos.
Sufrirá ajustes la reforma fiscal propuesta por el
Presidente Calderón, porque se envió particularmente rígida con la intención de
tener margen de negociación.
Pero es indispensable que el Estado recaude más, para
poder cumplir con sus tareas.
Luego, por supuesto, vendrá el gran reto de gastar con
eficacia y eficiencia lo recaudado, pero esa es otra tarea para la cual habrá
que hacer otra gran reforma, una reforma más allá de las tonterías de la “gran
burocracia”, una reforma que permita gastar e invertir bien lo recaudado; pero
también una vigilancia más eficaz del manejo de los recursos.
Como sea, este agosto se empezará a definir el rumbo
del sexenio.
A todos los actores, políticos, económicos y sociales,
les conviene que el país marche bien, para que se empiece a disipar el encono
atizado por los rencorosos de siempre y por las neoambiciones políticas.
Hay demasiadas agendas personales en el escenario
político. Y muy pocos se preocupan por la agenda nacional, la cual no puede ser
otra que el combate a la pobreza y la desigualdad.
La trascendencia de la mejor recaudación del Estado,
de la eficiencia y eficacia en el gasto, ahora, no el próximo sexenio, quizá
estuvo mejor sintetizada esta semana en un discurso pronunciado por el
gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto.
Dijo el gobernador:
“… Se tienen que corregir las dramáticas condiciones
de deterioro social, la pobreza extrema que vive la Nación, porque sería
caótico, lamentable, que este desequilibrio social nos lleve a retroceder, a no
crecer, y a generar una convulsión social de mayores dimensiones a las
ocurridas hace 200 años, y en gran ironía, 100 años después en la Revolución de
1910”.
El pasto está muy seco, advertía Miguel de la Madrid
en 1982, “cualquier omisión o error puede incendiarlo”.