Con el café

(Edición de Fin de Semana)

Por: José Fonseca

LA REFORMA URGENTE

No han pasado los efectos de la despenalización del aborto, medida adoptada en el Distrito Federal como parte de una batalla político ideológica cuyas repercusiones seguirán en los próximos meses y, quizá, hasta las elecciones de 2009.

En julio de 2009, dentro de poco más de 20 meses, se efectuarán las elecciones legislativas federales, durante las cuales se renovará totalmente la Cámara de Diputados.

Así, mientras la atención de la sociedad es captada por esa encarnizada batalla político ideológica, en el México real hay poderes fácticos que podrían incidir en la elección de los diputados de la próxima Legislatura.

Es innegable que la ofensiva de violencia del crimen organizado tiene el objetivo de amedrentar a las autoridades encargadas de combatirlo. Por eso en las semanas recientes se han concentrado en el asesinato de policías y atentados contra militares.

Con frecuencia poco deseable se suele suponer que las víctimas, por el hecho de ser autoridades, tienen vínculos con el crimen organizado. Quizá ocurra en algunos casos, pero nadie se pregunta si no se trata de la añeja táctica de “plomo o plata” que les cuesta la vida a quienes se niegan a colaborar con los criminales.

Pero esa violencia, igual que las amenazas a los jueces, son la parte visible de la ofensiva de los delincuentes del crimen organizado del narcotráfico.

Es reconocido que estas mafias cuentan con muchos recursos, los producidos por una actividad criminal altamente rentable.

¿Quién garantiza que esos recursos no se apliquen a financiar algunas campañas de candidatos a diputaciones federales? ¿O de candidatos a cualquiera puesto de elección popular?

Nadie lo puede garantizar, sólo la conciencia de quienes aspiran a ocupar un puesto y los que caigan en la tentación, por supuesto que nunca lo van a reconocer.

Quizá a la disponibilidad de recursos, en esta época en que para ganar elecciones se necesita dinero, mucho dinero, no faltarán algunos que acepten el financiamiento ilegal de los criminales de las mafias del narcotráfico.

Esa es la reforma que necesitamos con urgencia, una reforma legal que cierre la sola posibilidad de que el crimen organizado pueda financiar a algunos candidatos.

Si no se hace, si seguimos discutiendo otros temas, luego no nos sorprendamos que nadie pueda, dentro de dos años, responder a esta pregunta:

¿Cuántos legisladores y presidentes municipales habrán sido financiados por el crimen organizado y, por consecuencia lógica, estarán a su servicio?

Esa es la pregunta que no tendríamos que hacernos, si las élites políticas y económicas se preocuparan menos por disputar tajadas de poder, mientras los poderes fácticos están muy cerca de infiltrarse en el sistema político nacional.

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