Durante la semana que termina, después de la
anticlimática celebración de las Fiestas Patrias, el conflicto de Oaxaca dominó
el escenario.
Es, sin duda, el problema más serio que heredará el
Presidente Fox a Felipe Calderón.
Insistimos en que lo heredará, porque todo indica que,
aunque los habitantes de la capital de Oaxaca estén desesperados, aunque el
Congreso de aquella entidad solicite la intervención del gobierno federal, para
el Presidente Fox es inaceptable la intervención de la fuerza pública.
El gobierno foxista ha preferido dejar indefensa a la
ciudad de Oaxaca frente a los radicalismo, el vandalismo y el surgimiento de
poderes informales que luego podrían extender su accionar a otras entidades.
En abono a esa actitud timorata del gobierno foxista,
debe insistirse en que, para un sector de opinión nacional, fundamentalmente
concentrada en los medios de comunicación y en el ambiente académico, toda
intervención de las fuerzas policíacas en algún conflicto es represión.
En México, desafortunadamente, el pensamiento social y
político ha trastocado el principio universal de que el Estado tiene el
monopolio de la fuerza, especialmente un Estado democrático.
Aquí en México eso no funciona. O funciona al revés.
Ahí está el ejemplo de Oaxaca, donde el monopolio de la fuerza, social y
políticamente aceptado, lo tienen los grupos radicales y violentos, y en el
mejor de los casos las manifestaciones callejeras.
En México, las fuerzas policíacas que en todos los
países se encargan de mantener el orden y garantizar la seguridad de los
ciudadanos, sólo son espectadoras.
Eso es lo políticamente correcto.
Y como el gobierno del Presidente Fox ha aceptado esa
singular y novedosa interpretación del rol del Estado, las fuerzas políticas y
sociales de toda índole tienen el campo libre para actuar.
En Oaxaca, se ha dicho muchas veces, el conflicto lo
ha complicado la torpeza del gobernador Ulises Ruiz, su soberbia y manejo
arbitrario del poder.
Pero ya se cumplieron cuatro meses de que, poco a
poco, en la ciudad de Oaxaca la ley que impera es la de la turba.
Por ahora se calcula que si el magisterio, núcleo de
la movilización oaxaqueña, recibe ofertas lo suficientemente interesantes, o
percibe que puede perder algunas de las prestaciones y prebendas conseguidas,
estará más dispuesto a llegar a un acuerdo.
Eso es, como dicen los norteamericanos, a long shot, una apuesta riesgosa, pero
la única que está dispuesto a hacer el Presidente Fox, convencido de que antes
que nada está su imagen histórica.
Influye también en esa reticencia foxista el congénito
antipriísmo que ha dominado mucho de su quehacer sexenal.
Sólo que la solución del conflicto de Oaxaca no puede
obtenerse sin el PRI, a menos que al Presidente Fox, con tal de salvar su
imagen, no le importe dejarle cerradas las puertas de la conciliación a Felipe
Calderón.
Por otra parte, si se permite la “renuncia” del
gobernador Ruiz en este momento, se corre el riesgo de tener que convocar a la
elección de un nuevo gobernador, lo cual en las actuales circunstancias sería
saltar de la sartén al fuego.
Aunque al principio del sexenio el gobierno foxista
fue víctima de fobias y prejuicios, tal parece que si no hay salida negociada
se tendrá que utilizar la fuerza en Oaxaca.
Y el simplismo ideológico de intelectuales y
académicos que han idealizado la violencia callejera lo aprovechará para
compara al Presidente Fox con los peores dictadores del planeta.
Pero, al final del día, tendría Fox que asumir el
costo, o si no, dejaría a Calderón una Presidencia envenenada por un conflicto
en el cual confluyen los grupos más radicales y violentos.