La semana ha estado marcada por el conflicto
postelectoral y por el caso Oaxaca.
En el conflicto postelectoral, saltan como fechas
fatales la del Informe Presidencial, el 6, el 13, el 15 y el 16 de septiembre.
La Coalición por el Bien de Todos juega al gato y el
ratón con el PAN y el gobierno.
A cinco días del informe presidencial, aún no se sabe
cuál será el comportamiento del PRD durante la ceremonia en la Cámara de
Diputados.
Advierten, amenazan y amedrentan, pero no han mostrado
su juego.
Todo forma parte de una estrategia, mediante la cual
se asegura la coalición de que sus adversarios no sepan qué esperar.
Con la misma paciencia, mantienen la expectación
acerca de si permitirán las ceremonias cívicas del 13 y 14 de septiembre,
además del desfile militar.
Y, de igual manera, parecen haber avisado que cercarán
el Tribunal Federal Electoral el día que vayan a proclamar Presidente Electo.
El discurso, a pesar de lo agresivo, no corresponde a
las acciones tomadas hasta ahora, salvo algunos incidentes protagonizados por
grupos muy exaltados.
La coalición ha graduado la intensidad de sus
manifestaciones, porque eso le permite contar con más margen de maniobra.
Salvo el bloqueo y el plantón, no desean arriesgarse
por ahora a acciones más agresivas, porque administran cuidadosamente su
capital político.
Es posible que ese capital se haya reducido, después
de la elección, pero hay tal fervor entre los seguidores que le restan, que a
ésos difícilmente los perderá.
Cada una de las fechas arriba mencionadas será un riesgo,
no sólo para la coalición, sino también para el PAN, para el gobierno del
Presidente Fox y para Felipe Calderón.
De la eficacia con que enfrenten las aduanas por
cruzar, dependerá la gobernabilidad.
OAXACA
Tarde intenta el gobierno del Presidente Fox abordar
el conflicto de Oaxaca.
Se ha dicho muchas veces que, desde el estallido de la
huelga magisterial, hubo torpezas y prepotencia del gobierno estatal, pero
también pasividad irresponsable del gobierno federal.
Ahora tienen en sus manos un conflicto político de
enormes dimensiones.
Ya en la radio “comunitaria” de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca se habla de “Oaxaca rebelde”, creando un clima que
incentiva a los más agresivos de los militantes de esa organización.
El problema lo definió el ex gobernador Diódoro
Carrasco.
A pesar de su calidad de diputado por el PAN, advirtió
que hasta ahora el gobierno federal está atrapado porque no cuenta con un
diagnóstico real del conflicto.
Y dio como ejemplo que, en todos los tonos, quieren
convencer a la opinión pública de que en la APPO no hay presencia de la
guerrilla del EPR.
Refuta dicha afirmación y recuerda que hace menos de
una década la guerrilla atacó posiciones policíacas en varias regiones de
Oaxaca.
Los dirigentes de la APPO están engallados y ahora
exigen que la negociación pudiera empezar la semana próxima, pero allá en
Oaxaca, a donde exigen que acudan a negociar los funcionarios de la Secretaría
de Gobernación. Y que el primer tema a discutir es la renuncia del gobernador
Ulises Ruiz.
La dirigencia del magisterio de la sección 22 es ahora
rehén de los dirigentes de la APPO.
El gobierno federal, por la pretensión de que a
finales del sexenio no se puede “descuadrar” el presupuesto, ha perdido la
oportunidad de satisfacer la demanda gremial de la zonificación salarial, con
lo cual alejaría al magisterio de la APPO, y lo debilitaría, porque sin los 60
mil profesores de la sección 22, los grupos radicales se quedarían en la
marginalidad política.
Lo más lamentable es que
parece que el gobierno del Presidente Fox no quiere replantearse el problema de
Oaxaca.
Y, si la situación se deteriora más, ahora los
incidentes violentos pueden ser entre ciudadanos y manifestantes.
Y, después, no quedará otra salida que una solución de
fuerza, la menos deseada de todas las soluciones.