Con el café

(Edición de Fin de Semana)

Por: José Fonseca

EFECTOS COLATERALES

A 42 días de las elecciones presidenciales persiste la incertidumbre: aún no sabemos oficialmente quien será el próximo Presidente de México.

En estas seis semanas, el debate por los resultados, por el conteo y por las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha enconado.

La resistencia civil a que ha convocado Andrés Manuel López Obrador, la cual se ha concretado en bloqueos y plantones que han provocado irritación en el Distrito Federal, ha conseguido su objetivo: ha mantenido viva la esperanza y el entusiasmo entre los seguidores y simpatizantes de López Obrador.

Dicha resistencia civil ha tenido efectos colaterales: ha paralizado rutas vitales de la vialidad del centro de la ciudad de México, pero, a pesar de la indignación ciudadana, no puede negarse que las manifestaciones y bloqueos no han perdido su carácter pacífico.

Ha sido más violenta, sin duda, la retórica discursiva de los perredistas y su candidato.

No puede ignorarse que pese a todo, estamos dentro de los plazos legales y constitucionales para calificar el proceso electoral y declarar Presidente Electo.

El recuento iniciado la pasada semana ha terminado. Pese a los exabruptos perredistas no parecen alterarse significativamente los resultados del 6 de julio, resultados obtenidos de los recuentos distritales.

El recuento, aunque parcial, representó una victoria para el PRD, pues el recuento ordenado por el tribunal electoral fue utilizado para reforzar los argumentos perredistas de que hubo fraude en las elecciones del 2 de julio.

En algunos círculos se considera como un gesto conciliatorio del tribunal electoral. En otros como una decisión cuyo objetivo fue determinar si en una muestra nacional de 11,839 casillas se detectaban irregularidades graves. Hasta ahora, no ha ocurrido así.

El recuento, como se dijo, le ha dado nuevos argumentos al PRD para impugnar ya no sólo los resultados, sino hasta la validez de las elecciones.

Esa, sin duda, es la siguiente etapa de la resistencia, cuestionar la validez de la elección presidencial, para tratar de presionar al tribunal electoral a dictaminar la anulación.

La anulación de la elección presidencial ha sido motivo de innumerables discusiones jurídicas y políticas. Nadie quiere descartarla como posibilidad, pero es poco probable que ocurra esa declaración de no validez.

La anulación tendría efectos colaterales políticos, sociales y económicos que, la verdad, difícilmente podría manejar con aptitud el gobierno del Presidente Fox.

Existe el antecedente de que la llamada “causal abstracta de nulidad” -jurisprudencia del Tribunal Electoral Federal-, nunca, durante 10 años, se ha aplicado en elecciones federales.

Hay, sin duda, violaciones a la equidad, pero no son lo suficientemente graves como para que el Tribunal decidiera crear nueva jurisprudencia.

Si lo hiciera, llevaría al país a dar un salto al vacío.

Sería ética y jurídicamente irresponsable.

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