La semana que hoy termina ha sido una de las más
agitadas de las últimas décadas.
La manifestación permanente convocada por Andrés
Manuel López Obrador sacudió a la ciudad de México, al bloquear Paseo de la
Reforma, vialidades del Centro Histórico y el Zócalo capitalino.
Fue tal el impacto de dicha manifestación
“permanente”, que las consecuencias perjudiciales del bloqueo se convirtieron
en el tema de la semana.
Y hasta el litigio postelectoral fue desplazado por
unos días, hasta que llegó el momento para que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación celebrara la sesión en la que resolvería las primeras
impugnaciones a la elección presidencial.
Los ánimos se han enconado. Por una parte, por la
creciente agresividad amenazante del discurso de los miembros del equipo de
campaña de López Obrador, pero por otra, porque desde el equipo de campaña de
Felipe Calderón, con el apoyo del Ejecutivo Federal, se ha montado una
innegable campaña de desprestigio de López Obrador.
Los discursos suelen arrastrar a los políticos y
conducirles, muchas veces, a la adopción de posiciones que poco ayudan a
atemperar el ánimo de los seguidores del PRD y del PAN.
La virulencia de la campaña electoral ha persistido en
esta etapa postelectoral.
Y si bien es cierto que existe el riesgo de que en
determinadas circunstancias el discurso violento pueda conducir a determinados
actos de violencia, lo que existe es una crisis política.
Pero esa crisis política, a pesar de la desmesura de
las posiciones panistas y perredistas, se concentra en la capital de la
República, no se ha generalizado al resto de la República, porque allá, en el
resto de la República, opera la realidad que reflejaron los votos: que tanto
López Obrador, como Felipe Calderón, recibieron cada uno el voto de uno cada
tres mexicanos.
Así pues, ninguno puede proclamar que habla a nombre
de la mayoría de los mexicanos.
El país ha evolucionado, quedaron atrás los tiempos en
que cualquier fuerza política que controlaba la capital de la República
controlaba el país.
El hecho innegable es que a más de un mes de las
elecciones, todavía no está legal y constitucionalmente definido quién será el
próximo Presidente de la República.
Otro hecho es que, pese a las estridencias y al
griterío, aún está en marcha el proceso legal para definirlo, pues el recuento
en 11,839 casillas decidido por el Tribunal Federal Electoral es parte del
proceso legal constitucional que permitirá alcanzar la definición.
No hay que dejarse impresionar por el griterío, hay
que esperar que transcurra el proceso electoral.
Es cierto, la tranquilidad social dependerá de la
reacción de López Obrador si el final de ese proceso electoral se ratifica su
derrota.
Pero no hay que perder de vista de que, hasta ahora,
no hay indicios de que cualquier reacción, por violenta que sea, se pudiera
extender al resto de la República, más allá del Valle de México.
Claro, contenerla a ese espacio geográfico dependerá
del talento y habilidad política de los actores políticos, particularmente de
los adversarios de López Obrador, para quienes el diálogo debe ser la regla.