A riesgo de sonar frívolo, les diríamos a nuestros
lectores cibernéticos: ¡qué semana, qué semana!
Es evidente que nadie deseaba que la elección fuera
tan cerrada. Ni aquellos que creían que lo sería esperaban que la ventaja del
ganador fuera tan pequeña.
Esa mínima ventaja ha creado un escenario en el cual
regresan con gran intensidad el encono, la desmesura, las exageraciones, las
distorsiones y la sinrazón de una larguísima campaña electoral.
Quizá habría que poner en perspectiva lo ocurrido
desde el día de la elección.
Durante el domingo dos de julio, todos los medios y la
mayoría de los observadores electorales colmaron de elogios al proceso
electoral, y nadie informó de irregularidades, ni siquiera los distintos
personajes de los partidos, quienes sólo repitieron lo dicho la víspera.
Cerraron las casillas. Y los conteos rápidos de varios
medios de comunicación ratificaron lo declarado por el consejero presidente del
IFE Luis Carlos Ugalde: la competencia estaba demasiado cerrada para que esos
ejercicios estadísticos pudieran darle la ventaja a nadie.
Acostumbrados a los conteos rápidos que, gracias a la
ventaja de seis puntos -casi dos millones y medio de votos- de Vicente Fox
permitieron que los medios de comunicación anunciaran que la ventaja del
panista era irreversible hace seis años, la mayoría de los ciudadanos quedaron
confundidos.
De inmediato esa circunstancia fue aprovechada por los
representantes del PRD para reclamar que ellos habían ganado, lo cual obligó a
Felipe Calderón a declarar que él era el triunfador.
Pero como no podían haber ganado los dos, todo mundo
se quedó pendiente del Programa de Resultados Electorales Preliminares, una
sumatoria de los reportes de las actas que empezaron a llegar de todo el país,
sin discriminar por distrito, ni por Estado, simplemente conforme en las
casillas se iban cerrando los cómputos y conteo de votos.
Sin embargo, ya en la dinámica de reclamar el triunfo,
los perredistas aprovecharon una circunstancia que ellos y todos los partidos
conocían desde el 10 de febrero de 2006. En esa fecha se acordó que aquellas
copias de actas de casillas que contuvieran inconsistencias -tachaduras,
números mal escritos, sumas mal hechas, errores humanos, pues-, no se
incluirían en el reporte general del Programa de Resultados Electorales
Preliminares que se haría público minuto a minuto, sino que se depositarían en
una base de datos adicional, donde quedarían para revisión y aclaraciones
posteriores.
Desafortunadamente para el IFE, tuvieron la ingenuidad
de creer que los partidos no utilizarían esa base de datos adicional para
impugnar al mismo PREP.
Y, en esa misma ingenuidad, cuando ya estaba en marcha
el PREP, no hicieron la aclaración desde el principio.
Esa fue otra circunstancia que de inmediato fue aprovechada
por el PRD para impugnar al PREP, pues sabían y saben los perredistas que el
resultado no les era favorable.
Todos los partidos tienen las copias de las actas de
escrutinio y cómputo que se levantan en cada casilla. Bastó sumarlas para saber
cuántos votos recibió cada cual.
Así que el PRD, sabedor que la votación no les era
favorable, puso en marcha la táctica de desacreditar al PREP.
De ahí las reclamaciones de los “votos perdidos”,
falaz acusación que los consejeros del IFE no pudieron responder adecuadamente,
y menos oportuna y contundentemente.
Y se empezó a forjar la primera leyenda: “los votos
perdidos”.
Enseguida, cuando el PREP mostraba claramente que la
ventaja del PAN sería de más o menos 0.60 por ciento, se puso en marcha una
táctica más: la de la reclamación del conteo voto por voto.
Todo, a pesar de que tanto el PAN como el PRD sabían
que ni los conteos rápidos que no se dieron, ni el PREP que alcanzó a sumar
casi la totalidad de los votos, tienen valor jurídico electoral.
Lo jurídica y constitucionalmente válido es el cotejo
de actas que se hace tres días después de la elección en los comités
distritales.
Mientras se llegaba al miércoles, tanto el PAN como el
PRD insistieron en proclamarse triunfadores, con la ventaja perredista que ellos
si tenían claro a dónde querían llegar.
Así, durante el lunes y el martes posteriores a la
elección, pusieron en marcha su poderosa campaña propagandística y se ocuparon
de fortalecer la desconfianza en los conteos rápidos y en el PREP, con el
objetivo de empezar a desacreditar al IFE, cuyos consejeros por momentos
estuvieron rebasados por el acoso a que los sometieron los representantes del
PRD, encabezados por Horacio Duarte, Jesús Ortega, Manuel Camacho y Ricardo
Monreal.
En el PAN, mientras tanto, reinaba ya un triunfalismo
que por momentos les hizo perder de vista la reanudación de la confrontación y
les halló poco preparados para ella.
Estaban tan confundidos que a la demanda de contar
voto por voto, que se volvió un clamor gracias al respaldo de muchos
comunicadores que no se ocuparon nunca de repasar la ley electoral, no encontró
respuesta adecuada.
Confiado en que había ganado, Felipe Calderón fue
lanzado a proponerle al PRD que cotejaran acta por acta, error garrafal, pues
del cotejo de acta por acta entre los dos partidos se estaba a un paso de
aceptar el contar voto por voto.
Agobiado, en medio de ese clima de desconcierto creado
por las tácticas perredistas, se llegó al miércoles, cuando en los 300 comités
distritales, de acuerdo con la ley electoral y la Constitución, empezó el
cotejo de actas.
Ahí volvió a mostrar el PRD su mayor capacidad para la
táctica y para la improvisación. Los representantes perredistas ante los
comités distritales llegaron el miércoles por la mañana a las respectivas sedes
con dos instrucciones distintas: en los Estados donde había ganado el PRD,
según el PREP, la instrucción fue acelerar el proceso de cotejo de actas, para
que esos resultados llegaran lo más pronto posible al IFE; aquellos
representantes perredistas en los Estados donde perdió el PRD, recibieron
instrucciones de poner trabasen el proceso de cotejo de actas, para retrasar lo
más posible la llegada de los resultados al IFE.
Así, durante 20 horas, se consiguió que en la
sumatoria de los distritos electorales apareciera a la cabeza de la votación
Andrés Manuel López Obrador.
Eso le permitió al PRD contar con otro argumento
capital para reclamar: “algo” se había hecho para que la votación diera un
vuelco a las 4 de la madrugada ya del día 6 de julio y empezó a tener ventaja
Felipe Calderón.
Cuando terminó la tarde del miércoles 6 de julio el
cotejo de actas en los comités distritales, el consejero presidente del IFE
Luis Carlos Ugalde dio a conocer los resultados de la votación del domingo dos
de julio, con una pequeña ventaja de 0.58 por ciento para Felipe Calderón.
Su misma declaración fue habilidosamente distorsionada
y de inmediato el perredista Ricardo Monreal anunció que Luis Carlos Ugalde se
había excedido en sus facultades al anunciar el resultado. Y ya en la
desmesura, habló de usurpación de funciones.
Para entonces, ya el IFE estaba acorralado, sometido a
un linchamiento mediático por la eficaz campaña mediática del PRD. Y se había
sembrado la duda sobre su imparcialidad.
Ya para entonces no importaban las declaraciones de
los observadores electorales extranjeros serios, como los de la ONU y la Unión
Europea. Sólo importaba lo que decían Global Exchange, una organización
estrechamente vinculada al zapatismo del EZLN y Alianza Cívica, una de las
organizaciones “abajo firmantes” filoperredistas.
Y así, llegamos al mitin exitoso de Andrés Manuel
López Obrador en el Zócalo el sábado 8 de julio.
De alguna manera, el PAN mostró incompetencia y, al
menos hasta ayer sábado, perdía la batalla mediática.
Y es en ese terreno donde operará de ahora en adelante
López Obrador.
Utilizará varios caminos para conseguir el objetivo de
que el Tribunal Federal Electoral revierta el resultado favorable a Calderón.
Primero, vienen las impugnaciones a la elección. Es un
camino difícil, porque se tienen que impugnar irregularidades en las casillas,
y para ello hay que haber presentado la protesta en cualquiera de las etapas
del proceso durante la jornada del 2 de julio.
Si cuentan con las actas de protesta durante el
proceso, las presentarán al Trife. Si no, utilizarán argumentos políticos, lo
cual hará más difícil sostener su caso ante el Trife, donde sólo cuentan los
argumentos jurídicos.
Pueden impugnar también algún comportamiento irregular
en el IFE. Pero necesitan también mostrar pruebas más sólidas jurídicamente, al
menos más sólidas que las acusaciones y el discurso político empleado hasta
ahora.
Seguirán con la demanda de contar voto por voto,
apoyados en la causal abstracta, confiando en que eso podría conducir al Trife
a una anulación de las elecciones presidenciales, fallo para el cual la mayoría
de los juristas afirman no tiene facultades el Tribunal Federal Electoral,
aunque han intentado crear una jurisprudencia.
Como sea, más allá de las desmesuras y discursos
exagerados, el asunto ya pasó al terreno del Tribunal Federal Electoral.
Y, por primera vez en su historia de 10 años, los
magistrados estarán realmente a prueba.
Estarán a prueba no sólo su integridad, sino también
su temple para resistir presiones.
Aunque bien podrían empezar por resistir la tentación
de ser el centro de atracción de micrófonos, cámaras y titulares de primeras
planas que tanto les ha empezado a gustar.
La tarea de las próximas semanas es demasiado
trascendente y es ahora cuando los seis magistrados y la magistrada del
Tribunal Federal Electoral tendrá que cumplir con el juramento dado al asumir
su encargo: respetar y hacer respetar la Constitución.