Con el café

(Edición de Fin de Semana)

Por: José Fonseca

La semana fue muy agitada. Hubo debate entre los presidenciales, un agitado posdebate, un recrudecimiento del conflicto magisterial en Oaxaca y el agravamiento del conflicto minero.

DEBATE Y POSDEBATE

El segundo debate entre los presidenciales tuvo el doble de audiencia que el primero. Seguramente, la atracción fue la participación del candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador.

Fue un debate de muchas propuestas; pero al ciudadano promedio lo único que le atrajo fueron los dardos intercambiados entre Calderón y López Obrador.

Nadie ganó, pero nadie perdió. Sí quedó claro que Patricia Mercado y Roberto Campa nada tenían que hacer. La primera se desdibujó, el segundo se difuminó.

En ese escenario, todos festejaron haber ganado el debate para intentar influir en la percepción pública.

A cierre del debate, López Obrador abrió una ofensiva que significó el inicio de un despiadado ataque a Felipe Calderón, con el asunto de presunto tráfico de influencias a favor de la empresa Hildebrando, de la cual es accionista Diego Zavala, cuñado del candidato panista.

La mañana del miércoles, se pusieron en marcha todos los voceros del PRD. Sin descanso multiplicaron las acusaciones contra Calderón y su cuñado. Como en una guerra, atacaron a Calderón por tierra, agua y aire.

Muchos de los argumentos perredistas son simplistas y hasta falsos, han alegado los panistas. Olvidan que en la lucha en el lodo de la política no se trata de que algo sea cierto, sólo de fijar una percepción en la opinión pública.

En este caso se trató de descalificar el argumento de la honestidad de Calderón.

La agenda de la campaña la fijó López Obrador, al retomar la iniciativa después de casi dos meses de mantenerse a la defensiva.

El caso Hildebrando fue el tema que dominó la semana.

 Para lograrlo, al PRD no le importó violar el secreto fiscal, haciendo uso de información sobre los contribuyentes que tiene en su poder la Tesorería del Distrito Federal. Eso implica la acusación que la Secretaría de Hacienda le hace al gobierno del Distrito Federal. Y eso preocupa, porque muestra que la legalidad es torcida cuando conviene a sus intereses.

El panismo, por ahora, todavía parece aturdido. Ellos empezaron con la campaña negativa, y de pronto descubren que su adversario es peleador de cantina, de callejón. Y no se reponen de la sorpresa.

A una campaña que denigra a su candidato presidencial, al tratar de demostrar que es igual que tantos, que no es honorable, el panismo intenta responder con razonamientos.

No han conseguido armar una contraofensiva que apele a las emociones de los votantes.

Mientras, se trató de que los partidos se comprometieran públicamente a respetar los resultados de las elecciones del 2 de julio que de a conocer el IFE.

La propuesta se hizo en el debate del pasado martes. La puso en la mesa de discusiones Joaquín López Dóriga.

Todos, aunque a regañadientes, aceptaron firmar ese acuerdo de civilidad que le daría tranquilidad a los ciudadanos, la seguridad de que el 3 de julio se amanecerá con la Nación en paz. A la hora de discutirlo en los siguientes días, el PRD inventó pretextos. Por alguna razón, ni el PRD ni López Obrador se quieren comprometer a reconocer los resultados de las elecciones del 2 de julio.

Y eso crea una incertidumbre acerca de cuál sería su comportamiento si pierde.

Uno prefiere pensar que todos, al aceptar las reglas del juego electoral, al final de cuentas están comprometidos a respetar el resultado, sin que ello signifique que no hagan impugnaciones si están inconformes, pero esas impugnaciones tienen que ser a través de las autoridades electorales.

¡Qué difícil parece a veces para los políticos y los partidos apegarse a la estricta legalidad!

Y faltan ya sólo 21 días para las elecciones.

LOS PENDIENTES

Hay muchos pendientes, demasiados, que por los fuegos artificiales de las confrontaciones electorales, han estado fuera del radar de la opinión pública.

OAXACA

El conflicto magisterial, al principio, fue desestimado como uno que es cíclico, una movilización anual, mediante la cual los dirigentes de la sección 22 del SNTE en Oaxaca han obtenido prebendas muy generosas de los gobiernos estatales y federal.

No obstante, el movimiento ya dura tres semanas. Y cada día toma un carácter más político y peligrosamente violento.

El gobierno del Presidente Fox no interviene. Han razonado que el movimiento magisterial debilita a un gobierno priísta, como es el gobierno de Oaxaca.

Dejado a sus recursos, el gobierno de Ulises Ruiz está atrapado, porque sabe que sólo con ayuda financiera de la Federación puede resolver el conflicto. Está contra la pared.

Y lo que menos importa a los partidos, al gobierno del Presidente Fox y a los misteriosos patrocinadores de los violentos “maestros” es el perjuicio que causan a la sociedad oaxaqueña.

Nadie mueve un dedo por el bloqueo del aeropuerto. Nadie mueve un dedo por el bloqueo a las instalaciones de Pemex. Nadie mueve un dedo para defender a los habitantes de la capital oaxaqueña de las agresiones de los “maestros” y los aliados de la izquierda marginal y radical que se han incorporado a su movimiento.

A nadie, por supuesto, le interesan que estén sin clases más de un millón de niños.

Y a nadie le interesa averiguar quién patrocina el movimiento “magisterial”.

Sólo alimentar a los miles de maestros que desde hace casi tres semanas tomaron Oaxaca, significa un gasto diario de casi 3 millones de pesos.

¿Quién paga ese gasto?

Para conocer las reales motivaciones de esta agitación bastaría con seguir la receta vieja: sigan el dinero.

MINERIA

Otra vez, en una torpe maniobra política, el gobierno del Presidente Fox se ha colocado contra la pared. Y lo peor, ha colocado contra la pared a la industria minera, precisamente en un momento en el que tantos minerales se cotizan tan alto.

Ya hasta el gobernador Eduardo Bours le pidió al Presidente Fox que el gobierno reconozca a Napoleón Gómez Urrutia.

El hecho es que el, hasta ahora, ex líder de los mineros ha resultado más hábil y con más capacidad de maniobra que el gobierno del Presidente Fox.

La torpeza de la maniobra será demostrada cuando después de las elecciones se reconozca a Gómez Urrutia, pero aún así seguirá el intento de consignarlo, aunque hasta ahora hayan fracasado ante los tribunales.

Es como la última muestra de ineptitud política del régimen foxista.

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