La semana estuvo marcada por incidentes estridentes dela campaña por la Presidencia de la República, incidentes que resonaron en
todos los medios, subrayando un nivel de discurso grosero que, sin duda, no
permite percibir otros acontecimientos trascendentes.
El reacomodo de fuerzas reseñado desde hace dos años
en este espacio cibernético aún no se completa, porque muchos grupos de la
política, sociales y económicos, aún no terminan por alinearse plenamente.
En medio de la pirotecnia electoral, tiene que subrayarse
esta semana la gravedad del asesinato de tres agentes de la Policía Federal
Preventiva en Nuevo Laredo.
No son tres ejecuciones más en una ciudad arrasada por
la violencia del narcotráfico. Se trataba de tres agentes de inteligencia de la
PFP, quienes son asesinados apenas dos días después de que con gran
espectacularidad se anunció la llegada de más de medio millar de policías
federales preventivos.
Como se ha repetido una y otra vez, el crimen
organizado le ha declarado la guerra al Estado mexicano, y éste parece no estar
dispuesto a utilizar el monopolio de la violencia que la Constitución y la
democracia le conceden.
En el asesinato de los tres agentes de la Policía
Federal Preventiva, según las primeras investigaciones, habrían participado
policías municipales de Nuevo Laredo.
Esa es la situación que enfrenta el Estado mexicano,
no sólo el Estado de Tamaulipas. La creciente complicidad de policías locales y
federales con el crimen organizado.
Cuando se habla de crimen organizado se habla de
muchas facetas, no sólo la del narcotráfico. Existen mafias de robacoches, del
contrabando, de traficantes de personas, de secuestradores. Ninguna de ellas
vacila en recurrir al asesinato.
El gobierno está acorralado entre juristas y
defensores de derechos humanos que a su vez están atrapados en convenciones
legales que no corresponden a la amenaza que enfrenta el país.
No basta con diseñar nuevos instrumentos legales. El
país, nos dijo un joven, no necesita tantas nuevas leyes; necesita que se
apliquen las actuales, y que se apliquen bien.
Tiene razón.
Los constituyentes previeron la posibilidad de
amenazas al Estado que los instrumentos legales normales no podrían enfrentar.
Para ello existe la posibilidad constitucional de declarar estado de emergencia
en las zonas donde el Estado esté amenazado.
Se parte de la premisa de que el Estado no es
solamente el gobierno, el Estado somos también nosotros, todos los ciudadanos.
Este gobierno ha estudiado la idea de declarar el
estado de excepción en las zonas más violentas; pero siempre gana el temor a
ser calificados como represores.
La amenaza es real.
Ninguno de los candidatos a la Presidencia la ha
enfrentado con realismo.
No han ofrecido soluciones prácticas y viables para el
problema de la inseguridad pública, menos para enfrentar al crimen organizado.
Y esa, es la verdadera amenaza actual contra la
integridad moral de la Nación.