Esta semana termina con dos claros ejemplos de cómo la
política electoral contamina todo y nubla la esencia de cuestiones que debieran
ser investigadas y expuestas a la opinión pública.
MINEROS
La tragedia de los 65 mineros fallecidos en la mina
Pasta de Conchos en Coahuila se ha convertido en una paella política.
Para el gobierno federal, el asunto le ha permitido
descargas su fuerza sobre el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, al cual
acusan de corrupción, a pesar de que la toma de nota que le negó el gobierno de
Ernesto Zedillo se la dio el gobierno de Vicente Fox.
Y de paso arman lo que, desde la siempre singular
perspectiva del Ejecutivo, es una operación de desprestigio contra quien ven
como líder priísta y eventual proveedor de recursos y votos para el PRI.
Para los sindicatos, alarmados por la embestida contra
los mineros, es la oportunidad de movilizarse contra el gobierno. Y al cobijo
de la defensa de la autonomía sindical, se movilizan los intereses partidistas
para, a su vez, golpear al gobierno.
Para los partidos de oposición el caso, se dijo muchas
veces, es un bombón político. Les permite así criticar a voz en cuello el
contubernio del gobierno con los grandes grupos empresariales.
Para los diputados y senadores es otra oportunidad de
tener sus 15 minutos de gloria. Se crean comisiones para investigar el caso. Y,
claro, se obtienen reflectores, tan necesarios en esta época electoral.
Pero la esencia del asunto es que el accidente de
Pasta de Conchos mostró serias irregularidades en la operación minera y las
condiciones altamente desventajosas en que laboran más de 200 mil trabajadores
del sector.
Salvo contadas excepciones, el tema es soslayado. Y
ése debiera ser el tema a discutir.
Ese es el único tema en el cual ninguno quiere
ahondar.
Temen lo que pasaría si se investiga en serio.
Se tocarían demasiados intereses. Y nadie, de la
izquierda a la derecha quiere hacerlo en época electoral.
PEDERASTIA
El caso del gobernador Mario Marín, cuyas charlas
telefónicas con el empresario poblano Kamel Nacif conoce ya todo México, se
convirtió en otro motivo de encendidas polémicas.
Se defiende con gran pasión a la periodista Lydia
Cacho, y por supuesto se denosta al gobernador que olvidó que vive en el siglo
XXI e hizo un uso arbitrario y atrabiliario de su poder para castigarla. Y
parte de la polémica se concentra en la presunta violación de derechos humanos.
Se movilizan los partidos, PAN y PRD, para presionar y
exigir la renuncia del gobernador Mario Marín, por el abuso de autoridad. Se
organizan movilizaciones, se firman desplegados y se mantiene viva una
machacante campaña en medios para linchar a Marín. En los medios hay un festín.
En el fondo se trata de aprovechar lo que perciben
como un flanco descubierto del PRI. Si Marín renuncia ahora, se tendría que
convocar a nuevas elecciones, y creen el PAN y el PRD que podrían arrebatarle
la gubernatura a los priístas.
En el Congreso, por supuesto, se multiplican los
pronunciamientos y los puntos de acuerdo. La intención es arrinconar al
gobernador priísta, quien, la verdad, merecería irse a su casa por su evidente
torpeza y estilo primitivo de gobernar.
Pero todos, los medios, los partidos, el gobierno
mismo, soslayan lo esencial del asunto: la pederastia.
Aunque el libro de Lydia Cacho parece más bien la
investigación de un estudiante de quinto semestre de la carrera de
comunicación, contiene los suficientes hechos como para mostrar lo extendido de
la red de pederastia en nuestra República.
Eso debiera no sólo preocupar a todos los que gritan y
patalean en el caso de Mario Marín.
¿Quién investiga cuánto de verdad hay en el libro de
la señora Cacho?
¿Quién hace una investigación seria para determinar
cuántos y quiénes están involucrados en las redes de pederastia?
No lo hará, por cierto, la fiscalía que arrinconado
inventó Mario Marín.
Se necesita una investigación seria, profesional, que
determine la extensión y profundidad de ese detestable delito.
Lo demás, como en el caso de los mineros, es
oportunismo político de la peor clase.