La semana estuvo marcada, sin duda, por la tragedia
minera en San Juan Sabinas, Coahuila.
En el aspecto humano, la casi segura pérdida de las
vidas de 65 mineros en la mina Pastas de Conchos, ha provocado airada reacción
entre sus familiares y la comunidad de mineros.
El Ejecutivo y la empresa, debe reconocerse,
reaccionaron con prontitud. Lo complicado no fue el ritmo de emisión de la
información para los familiares y los medios, sino la reticencia a dar la mala
noticia de las pocas posibilidades de encontrar con vida a los mineros, lo cual
se confirma con las declaraciones del gobernador de Coahuila Humberto Moreira.
Los afanes del Secretario del Trabajo Francisco Javier
Salazar se estrellaron con la desesperación de los familiares, aferrados a una
brizna de esperanza.
Y el Presidente Fox contribuyó a mantener viva esa
brizna de esperanza al insistir todavía ayer sábado en que se trabaja para
rescatar a los mineros, ignorando la suspensión de las tareas de rescate y que
los trabajos de perforación son para determinar los niveles de gas metano en
los tiros de la mina que aún no han sido liberados de escombros.
Horas después, se hizo el anuncio oficial: todos están
muertos.
Y empezarán los efectos colaterales políticos del
asunto.
La tragedia es de tal magnitud que, ni los partidos ni
sus candidatos presidenciales, ni sus legisladores, resistirán la tentación de
explotarla políticamente.
Y empezará el intercambio de acusaciones de
negligencia y omisiones.
La empresa tendrá un costo en su imagen pública, pero el
Ejecutivo pagará un costo político, no porque eso sea lo correcto, lo ético,
sólo porque estamos en año electoral.
Aunque el Secretario de Gobernación Carlos Abascal
haya dicho que “sería miserable utilizar políticamente la tragedia”, la
política está llena de miserables.
¿Acaso no dijo el señor Abascal hace poco que la
política no la hacen los ángeles?
EL
ESCÁNDALO PUEBLA
El otro asunto que ha competido informativamente con
la tragedia minera es el escándalo que rodea al gobernador de Puebla.
Ha sido un escándalo, como se dijo antes en estos
espacios, con efectos colaterales.
El Congreso ha decidido enviar el caso a la Suprema
Corte de Justicia.
Eso, por los tiempos de la Corte, mantendrá el asunto
vigente más tiempo del que quisieran los principales damnificados, que son los
priístas, aunque falta saber que tanto afecta a los otros partidos la
posibilidad -muy real, por cierto-, de que el empresario Kamel Nacif haya
entregado donativos a las campañas presidenciales.
No obstante, la capitalización política del escándalo
ha impedido ver la vertiente más trascendental de todo el asunto.
No es una supuesta agresión a la periodista Lydia
Cacho, ni la supuesta arbitrariedad de un gobernador. La vertiente más
trascendental es la revelación que pocos quieren abordar: las redes de
pederastia en la República están más extendidas de lo que se reconoce.
Esa es la auténtica tragedia.
En medio de las polvaredas políticas, se oculta un
delito terrible que las autoridades soslayan. Todas las autoridades, federales,
estatales y locales: el terrible delito de la pederastia.
