La semana que termina ha sido una semana marcada por
el escándalo provocado por la difusión de las grabaciones de las conversaciones
del gobernador de Puebla, Mario Marín, el empresario Kamel Nacif y otras
personas.
Independientemente de los juicios morales sobre el
tema, los efectos políticos han sido como el estallido de una granada de
fragmentación que esparció metralla en todas direcciones:
1.- Ha provocado una inmediata reacción de los medios
y comunicadores por estar involucrada en el caso una periodista, reacción que
se ha explotado hasta la saciedad, con la consiguiente indignación de la
opinión pública.
2.- También en los medios ha dado ocasión para que se
ponga en movimiento una rápida táctica para que el PRI aparezca como culpable
de lo ocurrido, por ser priísta el gobernador.
3.- De alguna manera, al menos por ahora, ha pasado a
segundo término el escándalo de los hijos de la señora Marta Sahagún.
4.- Ha beneficiado a Felipe Calderón, quien quizá
precipitadamente ha ido a Puebla a exigir juicio político contra el gobernador
Mario Marín, en algo que no es sino un gesto espectacular, pero que le da
plataforma.
5.- El PRD y su candidato presidencial, también
beneficiados por el escándalo, no han sido excesivamente agresivos, por razones
aún no suficientemente explicadas.
6.- El PRI está arrinconado, confundido y aturdido, lo
cual ha significado diversas reacciones contradictorias que sólo han agravado
la situación.
7.- Aunque Roberto Madrazo se ha desvinculado del
gobernador, no ha sido lo suficientemente enérgico, quizá porque aún tiene
Mario Marín el control de la estructura priísta en Puebla y es necesaria para
la elección.
8.- Se ha reavivado la vieja rencilla entre el
coordinador de los diputados priístas Emilio Chuayffet y el subsecretario de Seguridad
Pública Miguel Angel Junes, en un ejercicio lamentable de vulgaridad.
9.- El escándalo también ha dado ánimos a quienes,
desde la sombra, quisieran sustituir a Roberto Madrazo en la candidatura.
10.- Está a
punto de colocar en un predicamento a la Suprema Corte de Justicia, pues es
posible que el asunto vaya a sus salas para decidir qué hacer con el
gobernador.
Como sea, el tema que a pocos parece interesarle es
quién graba las conversaciones telefónicas de políticos, empresarios y
funcionarios.
No saberlo permite suponer que también las
conversaciones de los particulares son grabadas.
Eso, sin embargo, parece no ser el tema, aunque se
haya cometido un delito.
