Entretenidos con el affaire del Hotel María Isabel Sheraton, el gobierno, los partidos
y los medios de comunicación, soslayan la creciente amenaza que constituyen las
mafias criminales del narcotráfico.
La violencia ya no sólo es por “ajustes de cuentas”
como afirman las autoridades, complacidas porque los mafiosos se maten entre
ellos, se trata de auténticos retos a las autoridades de los tres niveles de
gobierno.
Ya no sólo son pistoleros que ejecutan a
competidores, son asesinos que atacan a funcionarios públicos.
Se atenta lo mismo contra policías rasos, contra
comandantes y jefes policíacos, que contra el director de custodios del penal
de alta seguridad de “La Palma”.
Atentan contra quien quieren, donde sea.
Alega el subsecretario de gobernación Arturo Chávez,
a nombre del gobierno de la República, que México “no se está colombianizando”.
Con esa declaración pretende responderse a los
violentos ataques de las mafias.
El problema de la violencia del narcotráfico, sin
embargo, empieza a permear en las estructuras políticas. El mismo candidato
presidencial Felipe Calderón reconoce este fin de semana que el dinero del
narcotráfico se ha infiltrado en campañas por las alcaldías michoacanas y quien
sabe en cuántas otras entidades de la República.
Hace 12 años, Jorge Carpizo afirmaba que, si no se
hacía algo drástico contra el narcotráfico, en pocos años empezaríamos a vivir
los mismos problemas que vivió Colombia hace una década.
Allá, en Colombia, todo empezó con los
“extraditables”. Aquí, la Suprema Corte de Justicia ha flexibilizado el método
de extradición y México ya tiene su propia lista de “extraditables”.
Sería infantil suponer que las mafias del
narcotráfico se van a cruzar de brazos.
Se opondrán violentamente, como ya han empezado a
hacerlo; pero también les exigirán a sus cómplices en las policías, en el Poder
Judicial y en las estructuras políticas que correspondan a los favores
recibidos.
Quizá sea tiempo para que las fuerzas políticas,
todas, dejen de discutir banalidades y se reagrupen en torno a una política
agresiva contra el narco, una política que podría llevar a declarar estado de
emergencia en determinadas zonas de la República.
El tema, es sabido, ya se ha discutido en las altas
esferas del gobierno.
Nadie,
sin embargo, se atreve a sugerirlo en voz alta,
porque en época de campañas electorales nadie quiere
tomar decisiones impopulares.
