Durante la semana que termina, igual que ocurrió
durante casi toda la tregua navideña decretada por el Instituto Federal
Electoral, hubo poca actividad política. Salvo en el Distrito Federal, donde
cada vez está más claro que el control absoluto del aparato político de la
ciudad de México, con todos los tentáculos de los poderes fácticos, lo tiene
Andrés Manuel López Obrador, a través de René Bejarano y sus operadores,
Dolores Padierna y Martí Batres.
Todos los candidatos, salvo una o dos indiscreciones
sin importancia, cumplieron con la tregua navideña.
Para López Obrador fue muy cómoda la tregua, porque,
aunque él se abstuvo de actos de proselitismo y de hacer declaraciones, tuvo
para ello a la directiva nacional del PRD y al jefe de gobierno del DF Alejandro
Encinas, quien se convirtió casi en vocero de la campaña durante la segunda
quincena de diciembre.
De cualquier manera, lo que se ha vivido es apenas la
calma que precede a la tormenta.
Particularmente, los perredistas han permitido
atisbar a lo que será sin duda una táctica de campaña: la permanente crítica a
las autoridades electorales, no sólo al IFE, sino también al Tribunal Federal
Electoral.
Asimismo, se ha percibido una alineación inicial en
los medios de comunicación, donde se percibe la firme intención de convertirse
en uno de los factores determinantes durante la campaña por la Presidencia.
Mucho dependerá del Ejecutivo impedir que la campaña
presidencial se convierta en un caos, en una lucha sucia y degradante de la
política.
Desafortunadamente, el Ejecutivo no parece estar aún
seguro de su rol durante la campaña, especialmente porque en nuestra incipiente
democracia no existe la tradición de que, libremente, los funcionarios de todos
los niveles hagan propaganda a favor de sus partidos y de sus candidatos y se
dejen ver en actos partidistas para apoyarlos.
Y como el Presidente Fox no afirmó su derecho a esa
participación, abierta y claramente, sin doble lenguaje, podría convertirse en
un factor de desestabilización de la campaña y traducirse en acusaciones de
inequidad.
Y se descompondrá aún más el clima político y social.
Un clima social y político descompuesto por comunicadores irresponsables y
proclives al juicio ligero y protagónico; descompuesto por actores políticos de
muy poca convicción democrática; por los desatados e incontenibles intereses
económicos, cuya actuación podría hasta crear conflictos políticos donde no los
hay, y por un gobierno que no acaba de entender que su responsabilidad es
imponer con energía un cierto orden a todos grupos sociales, políticos y
económicos de la Nación.
Más en el gobierno ya casi ninguno tiene la voluntad
para imponer ese orden.
