Durante la semana que termina hubo dos eventos muy
polémicos, pero los cuales, más allá del sensacionalismo informativo con que se
manejaron, más allá de las estridencias declaratorias, encierran una
trascendencia insuficientemente destacada.
EL
ZETAVIDEO
Sin conocer el origen y la intencionalidad de la
difusión del video que muestra a cuatro presuntos “zeta”, sicarios del
narcotráfico, torturados y la ejecución de uno de ellos, previo y conveniente
interrogatorio, es posible que la mayoría de los medios de comunicación hayan
servido de instrumentos para una perversa intriga político policíaca.
De alguna manera, el video ha servido para confrontar
a funcionarios y a instituciones del ramo policíaco. Y, por supuesto, para un
alud de declaraciones, muchas de ellas simples ocurrencias del momento.
Existen dos hipótesis sobre el origen del video.
Una que la filmaron los presuntos agentes de la AFI
para comprobarles a los narcotraficantes de los cuales son cómplices que habían
cumplido con el encargo. Y que el video lo difunden los mismos
narcotraficantes.
La segunda es que el video fue conseguido por alguna
de las agencias policíacas de Estados Unidos, las cuales lo difunden, primero
en Estados Unidos y luego en México, para de alguna manera atrapar al gobierno
mexicano en una polémica escandalosa con algún propósito político.
De la primera hipótesis sólo se puede deducir que, si
lo difundieron los narcotraficantes, se trataría de una demostración de su
capacidad y poder, a la vez que involucran a funcionarios con el propósito de
desprestigiarlos.
De la segunda hipótesis, el involucramiento de alguna
agencia policíaca de Estados Unidos, se deduce que los norteamericanos tienen
agentes incrustados en las mafias del narcotráfico y que así obtuvieron el
video. Y lo difundirían para ejercer alguna presión sobre el gobierno mexicano,
lo cual no sería extraño, pues en un gobierno del tamaño de norteamericano no
extraña que los directivos de esas agencias policíacas tengan sus propias
agendas, sus propios objetivos, muy ajenos a los objetivos de su gobierno.
En cualquiera de las dos hipótesis, sin embargo
existen hechos preocupantes.
Es inquietante la facilidad con que a los medios se
puede hacer llegar material, auténtico o fabricado, y difundirlo.
Y en cualquiera de los casos, simplemente se muestra
la vulnerabilidad en que está la Nación ante el poder de los narcotraficantes,
cuyas redes de complicidad se empiezan a acercar peligrosamente a instituciones
que son fundamentales para la seguridad nacional.
AUTONOMÍAS
Sería anecdótica la polémica desatada por la
propuesta en la Cámara de Diputados para dotar de autonomía a cuatro organismos
financieros, si no fuera una muestra más de lo extraviado que anda el diálogo
político y, sobre todo, reveladora de subyacentes intenciones políticas.
Muchos coinciden, por supuesto, en que la propuesta
tiene intención política. No puede ser de otra forma en el contexto actual,
pero también tiene intención política la oposición férrea a la propuesta.
Al respecto, para nuestros cibernéticos lectores,
quizá valga recurrir simplemente a un antecedente histórico. No se trata de
algo ocurrido en México, sino a algo ocurrido en la España democrática.
En febrero de 1983, a cuatro años de tomar el poder,
Felipe González, presidente del gobierno español, expropió la gigantesca
empresa holding Rumasa.
Nunca han quedado suficientemente esclarecidas las
razones para esa expropiación.
Sin embargo, lo interesante es lo ocurrido después de
dicha expropiación.
La holding Rumasa constituía de alguna forma una
empresa que floreció durante el franquismo, era, pues, la columna vertebral
económica de los adversarios del Partido Socialista Obrero Español.
Los bienes de Rumasa fueron posteriormente asignados
a empresarios nacionales y extranjeros, todos afines al PSOE.
Así, al derrumbar una de las columnas financieras del
antiguo régimen, el gobierno socialista de González pudo construir su propia
versión empresarial.
Por eso tienen intención política las propuestas para
darle autonomía a la CONSAR, que maneja el casi billón de pesos de los fondos
de retiro; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que supervisa y
controla a los bancos y a los operadores bursátiles; a la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, que controla las actividades del ramo, y al Servicio de
Administración Tributaria, que recolecta los impuestos federales.
