Durante la semana que termina hubo muchas noticias,
escándalos, polémicas e innumerables declaraciones, pero el video de cuatro
sicarios de los “Zeta” torturados por presuntos agentes de la Agencia Federal
de Investigaciones de la Procuraduría General de la República fue como un
violento recordatorio del problema que todas las estridencias políticas no
pueden ocultar: la creciente violencia y poder del narcotráfico.
Todos los candidatos tienen propuestas en materia de
seguridad. Todas las propuestas no son sino recreaciones de los viejos
discursos oficiales: profesionalizar a la policía, coordinación entre
autoridades policíacas, más recursos para equipamiento, etc.
El video mostrado por la televisión, aunque data de
hace varios meses, y aunque fueron detenidos los presuntos AFI responsables
–algunos ya liberados “por falta de pruebas”-, hay dos hechos que no pueden
soslayarse.
El involucramiento de agentes federales en el caso
nos muestra hasta dónde ha llegado la penetración de las redes del
narcotráfico. Los agentes federales actuaron como sicarios de una de las bandas
que operan en la República.
No es nada nuevo, es sólo la evidencia de que la
influencia de las mafias del crimen organizado ha convertido a los agentes
federales de agentes pasivos –sólo responsables de protegerlos y darles
información-, se han convertido en agentes activos.
Ningún candidato se ha ocupado o preocupado de
explicarles a los ciudadanos como rompería esas cada vez más sólidas redes de
complicidad entre agentes policíacos y las mafias del crimen organizado.
Es posible que sea más visible la mafia del
narcotráfico, pero hay otras: la del tráfico de vehículos robados, la de los
asaltos a transportistas, la del contrabando y la del tráfico de personas.
Todas ellas, igual que el narco, con vinculaciones,
protección y complicidad de las autoridades.
El segundo hecho es que todas esas mafias del crimen
organizado cuentas con grandes recursos. Y no todos sus cabecillas e
integrantes están plenamente identificados ni siquiera por las autoridades, lo
cual facilita que empiecen a tender sus redes para controlar algo más que
policías y algunos jueces, para controlar políticos, sean funcionarios o
legisladores.
Los partidos no se atrevieron a reformar las normas
electorales que permitiera una más rigurosa supervisión de sus finanzas, de sus
gastos y, sobre todo, del origen del dinero que gastan.
Y al no hacerse las reformas, persisten los vacíos
legales que pueden facilitar que el dinero del crimen organizado llegue a las
campañas.
Ese es el gran riesgo, el gran peligro que tiene el
sistema político. La posibilidad de empezar a contaminarse del dinero sucio de
las mafias del crimen organizado.
Recientemente, de visita en México, el expresidente
de Colombia Ernesto Samper nos alertó acerca de la descomposición que empieza a
sufrir la sociedad mexicana.
Las recetas de Colombia, no todas pacíficas, en algún
momento pueden volverse no sólo necesarias, sino indispensables.
Y hasta ahora ninguno de los candidatos
presidenciales tiene una receta para contener el cáncer que empieza a corroer
los cimientos mismos de la sociedad.
Están demasiado ocupados.
Y si no es ahora, después puede ser demasiado tarde.
