La confrontación de los capos de la delincuencia
organizada con el Estado puede parafrasearse con aquello de que mal empieza la
semana para el que ahorcan el lunes, pues mal empieza el año cuando el Estado
mexicano está obligado de defenderse como no ha tenido que hacerlo en los
cuatro años del gobierno de Vicente Fox.
Como se ha repetido hasta la saciedad en los pasados
días, los reglamentos de los penales de alta seguridad se relajaron por varias
razones:
a) El temor patológico del actual régimen a los cuestionamientos
de las organizaciones de los derechos humanos, la mayoría con una agenda
política de oposición.
b) Se cayó en la trampa de la teoría de la
regeneración de delincuentes, meta loable pero imposible en el caso de los
narcotraficantes y criminales detenidos en los penales de alta seguridad.
c) Se cedió a las presiones de las comisiones de
derechos humanos, justamente preocupadas por al respeto a las garantías y se
permitió que el régimen normativo de los penales de alta seguridad relajara sus
rígidos estándares.
La consecuencia fue el contacto y hasta la
connivencia entre los criminales, quienes tuvieron las facilidades para crear
sus sistemas de comunicación y para sobornar a custodios y funcionarios de los
penales.
La llegada del ex priísta Miguel Angel Yunez a la
subsecretaría de la SPP de Ramón Martín Huerta significó el arribo de un hombre
experimentado, de un funcionario avezado y duro en la aplicación de la ley.
Es posible que la toma del penal de alta seguridad de
La Palma por la Policía Federal Preventiva con ayuda del Ejército haya sido una
acción espectacular, ideada para fortalecer la figura del Secretario de
Seguridad Pública federal.
La respuesta fueron varios asesinatos, incluidos los
seis empleados del penal de Matamoros. O el insolente escupitajo del capo
cuando se les informaba que se restablecía el duro régimen del penal de La
Palma.
En el discurso el gobierno del Presidente Fox ha sido
duro, pero las acciones tendrán que ser aún más enérgicas, porque México ha
empezado a entrar en la peligrosa espiral que condujo a Colombia a convertirse
no hace mucho en un Estado sitiado por las fuerzas criminales.
Es evidente que muchos funcionarios se han asustado,
pero no se trata de asustarse o no, sino de tener el suficiente coraje político
para tomar las acciones que requiere el combate a los capos del narcotráfico y
a la delincuencia organizada.
Estamos a tiempo de reducir su poder, pero junto con
medidas policíacas, el gobierno tiene que seguir la vieja receta: seguir la
ruta del dinero.
El lavado de dinero de los criminales tiene que ser
combatido con más eficacia, porque al dificultar sus movimientos de recursos
económicos y al confiscarlos se reduce el poder de las bandas criminales, poder
que se sustenta en el amedrentamiento social y en el poder económico.
Como nunca, el gobierno del Presidente Fox necesita
el respaldo de toda la sociedad, de los partidos, de las organizaciones
empresariales, de las organizaciones no gubernamentales y de las Iglesias.
Es una pena, empero, que algunos comunicadores
empiecen a hacer gala de una supuesta objetividad y a difundir informaciones
sesgadas para subrayar los malos tratos que se aplican a criminales que han
asesinado y dañado irremediablemente la vida de miles de personas.
Peor aún que se convierta en tema para la polémica
política la lucha contra el narco.
O que, como algunos irresponsables publicaron el
pasado sábado, se cuestionen las medidas tomadas por el gobierno para responder
a un reto que involucra la seguridad nacional.
Lo peor que le puede ocurrir a muchos es que la
politización, la trivialización y el manejo irresponsable del tema de la lucha
contra el narcotráfico debiliten ese esfuerzo.
Al final de cuentas estará en juego el tipo de
sociedad que heredaremos a nuestros hijos y nietos.
