Ha dado el gobierno federal un golpe espectacular con
el despliegue de fuerza utilizado para catear el penal de alta seguridad de
"La Palma". Pero en tanto no se aplique con rigor el reglamento de
ese penal y no se ponga en marcha un sistema de rotación de personal, la
situación no tardará mucho en deteriorarse.
Ramón Martín Huerta le dijo a Joaquín López Dóriga
que en los últimos dos años se relajó la disciplina en los penales de alta
seguridad, en una discreta crítica a la gestión de Alejandro Gertz Manero.
Quizá sea así, pero también se relajó la disciplina
en los penales donde están recluidos los criminales más peligrosos por la
simple y sencilla razón de que el gobierno federal ha vivido atemorizado de los
organismos de los derechos humanos, cuyas gestiones parecen intentar crear un
mundo ideal, aunque la realidad los desmienta todos los días.
La descomposición de la sociedad no puede enfrentarse
con medidas para un estado de cosas muy ajeno al mexicano. Se tiene que
enfrentar con firmeza, antes de que la corrupción del narcotráfico y la
delincuencia organizada alcance a los altos niveles de la política.
Es cierto, el despliegue de fuerza en "La
Palma" no tiene otra finalidad que apuntalar a Ramón Martín Huerta, pero
será muy limitado su resultado, toda vez que en tanto se persiga a la
criminalidad organizada sólo con medidas policíacas, difícilmente se tendrá
éxito.
Es indispensable que a la vez que la policía los
persigue y detiene, simultáneamente se establezcan programas que permitan
cortar el flujo de dinero, que se les limite su poder económico, pues sin poder
económico se les dificultará corromper a los organismos policíacos de la
sociedad.
Como sea, la experiencia de Miguel Angel Yunes será
indispensable para el Secretario de Seguridad Ramón Martín Huerta y es posible
que se endurezca el control de los penales, pero insistimos, si no se les
coarta a los criminales su poder económico difícilmente se tendrá el éxito
esperado.
Por otra parte, Estados Unidos no tardará en utilizar
las presiones por el narcotráfico como en el pasado, pues necesita contener la
impaciencia de los funcionarios foxistas por el acuerdo migratorio.
Bush no permitirá que interfiera el gobierno mexicano
con declaraciones irreflexivas, como las de Santiago Creel en Zacatecas o con
anuncios
CONTROVERSIA
Todo indica que la solución de la Suprema Corte de
Justicia a la controversia presentada por el Ejecutivo contra el presupuesto de
egresos aprobado por el Ejecutivo será una decisión salomónica.
Es posible que le reconozca a la Cámara de Diputados
el derecho a reformar el presupuesto de egresos del gobierno federal, pero
también le reconocerá el derecho al Ejecutivo de repartir las partidas y de
vetar aquellas decisiones presupuestales de los diputados que interfieren con
la facultad del Presidente de gobernar.
Así, la idea de la Suprema Corte de Justicia es que
no haya ni ganadores ni perdedores, imponiendo el espíritu de la Constitución
en aras de la tranquilidad política y social.
A la vez los ministros intentan zafarse así del sostenido
ataque a que han sido sometidos. Sobre todo porque el conflicto entre poderes
ya no involucra solamente al Ejecutivo y al Legislativo, sino también al Poder
Judicial, con lo que se cuestiona su rol.
No se necesitan, como absurdamente proponen algunos,
que se cree otra instancia para resolver los problemas que surgieran entre los
tres poderes.
Bastaría con completar la reforma judicial que
impulsó Ernesto Zedillo.
La idea era que la Suprema Corte de Justicia fuera
únicamente un tribunal constitucional.
Sería el Consejo de la Judicatura el que tendría a su
cargo el manejo del aparato judicial federal, jueces de distrito, tribunales de
circuito y simples jueces.
No se completó la reforma porque los ministros de la
Suprema Corte llevaron a cabo una maniobra estratégica: cuando se discutía la
reforma judicial, llegó a la Corte el tema de la acumulación de intereses.
Había una demanda contra una institución bancaria que exigía pago de intereses
a tasas que habrían quebrado a la institución y de paso sentar el precedente
para poner en riesgo, otra vez, a todo el sistema bancario.
Los ministros fallaron a favor de la institución
bancaria. A cambio obtuvieron que el Consejo de la Judicatura Federal no fuera
autónomo e independiente, sino que estuviera bajo el control de la Corte, por
eso lo encabeza el Presidente de la Suprema Corte.
Así que no haría falta ninguna otra reforma, sólo
completar la propuesta por Zedillo.
REFORMAS
A Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda y
Crédito Público, se le vinieron encima los hombres del gobierno foxista y los
políticos de oposición.
Todo porque describió la realidad al afirmar que
sería muy difícil que las reformas estructurales que necesita el país fueran
aprobadas durante lo que le resta al sexenio del Presidente Fox.
Los foxistas se asustaron por las acusaciones de la
oposición de que el régimen había arriado banderas. Al final de cuentas las
críticas opositoras son palabras sin contenido, porque es falso que estén
dispuestos a aprobar las reformas estructurales, menos en un año electoral,
porque no le van a dar al Presidente Fox el éxito de haber hecho aprobar aunque
sea una de las reformas.
A ello se le suma la incapacidad demostrada por la
Secretaría de Gobernación para hacer labor de cabildeo, por estar demasiado
ocupados en impulsar la candidatura de Santiago Creel, para lo cual se enfrenta
públicamente a la oposición todos los días.
No es el mejor clima para las negociaciones que sin
duda necesitarían las reformas estructurales.
El tema, al final del día, sólo aporta ingredientes
para la demagogia, tanto del gobierno como de la oposición.
