La controversia constitucional interpuesta por el
Presidente Fox contra el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de
Diputados será, sin duda, algo más que un episodio. Además de la definición de
las facultades del Ejecutivo y el Legislativo en materia presupuestal, está en
juego la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia, cuyos ministros en un
asunto tan trascendente parecen haber perdido la brújula:
1.- No ha sido desmentida la versión de que el
consejero jurídico de la Presidencia se equivocó al anexar al escrito de
controversia el presupuesto original enviado por el Presidente Fox al Congreso,
no el presupuesto de egresos impugnado.
2,. No se ha desmentido que el ministro Salvador
Aguirre Anguiano se comunicó telefónicamente con el consejero jurídico Daniel
Cabeza de Vaca y le informó del error, error que fue subsanado con el envío a
la Corte de los documentos correctos.
3.- En un ejercicio de displicencia, los ministros
han permitido que anticipadamente se dé a conocer en los medios impresos el
sentido de sus fallos sobre los recursos presentados por la Cámara de
Diputados, lo cual resta seriedad a la actuación de los ministros.
4.- El reconocimiento de que originalmente los
ministros de guardia durante el receso validaron la recepción de la
controversia en una ley inexistente, lo cual se corregirá con una fe de
erratas.
Cuando la controversia apenas está transitando en el
proceso constitucional, el asunto se ha convertido en una feria de errores, la
cual ha propiciado declaraciones de toda naturaleza, desde las intencionalmente
escandalizadas, hasta las estentóreas e imprudentes, pero sobre todo, un raspón
al prestigio de la Suprema Corte de Justicia, cuya reputación debiera ser
impoluta y estar por encima de todo cuestionamiento, para que su rol de
tribunal constitucional sea útil para la tranquilidad de la República.
Ahora los Ministros están obligados a dar un fallo a
partir de criterios eminentemente jurídicos y constitucionales, con una visión
de Estado, con la plena conciencia de que lo que hoy decidan determinará las
relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en las siguientes décadas, justo
cuando todas las circunstancias conducirán a eventuales y cotidianas
diferencias entre los dos poderes.
Están obligados además a dar un fallo a partir de
criterios eminente jurídicos y constitucionales para preservar y prestigiar el
rol de tribunal constitucional que les asignaron las reformas aprobadas durante
el sexenio de Ernesto Zedillo.
LOS CAPOS
Ha sido mencionada en este espacio cibernético la
afirmación de Jorge Carpizo McGregor durante su gestión como Procurador General
de la República en 1993:
"...Si no hacemos algo drástico contra el
narcotráfico, antes de cinco años empezaremos a vivir la misma degradación de
la seguridad pública y de la vida social y política que vive Colombia".
Los recientes acontecimientos: el asesinato del Ceja
Güera en el penal de alta seguridad de La Palma, el linchamiento de agentes de
la PFP en Tláhuac, el segundo asesinato en La Palma, así como numerosas ejecuciones
de funcionarios, oficiales policíacos y narcotraficantes en varias ciudades de
la República, nos hablan de una degeneración de la seguridad pública frente a
la cual el gobierno de Vicente Fox ha carecido de respuestas.
Son muchas las evidencias de la creciente debilidad
del poder del Estado frente al poder de los capos del narcotráfico.
Y empiezan también a percibirse evidencias de que ese
poder de la delincuencia del narcotráfico empieza a permear las estructuras
policiales, primero, y luego las estructuras políticas locales.
El asunto es de seguridad nacional, uno que debiera
unificar a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas y al gobierno en
una cruzada contra el narcotráfico.
La situación deplorable de los penales, virtualmente
bajo el control de los delincuentes encarcelados, es apenas una expresión de la
degradación de la vida política y social.
La tibieza nos ha llevado a la situación actual. Más
tibieza oficial sólo hará que se cumpla el pronóstico de Jorge Carpizo.
LA POLITICA
Ajenos a todo lo anterior, los políticos mantienen
una encarnizada lucha por el poder.
En el PAN, la sucesión de Luis Felipe Bravo Mena ha
inyectado un ingrediente adicional y corrosivo a la disputa por la candidatura
presidencial.
Los principales precandidatos panistas tienen sus
propios aspirantes a la dirigencia nacional del PAN en la contienda, lo cual
puede provocar en el PAN una fractura cuyas dimensiones aún es difícil
pronosticar.
Si a eso se le suma la insistencia del Presidente Fox
de interferir en ambos procesos -la dirigencia nacional y la candidatura
presidencial-, el riesgo es mayor.
A pesar de todo, la suerte del PAN depende mucho de
cómo resuelva el PRI su candidatura presidencial.
Si el PRI no consigue mantener la unidad, entonces
existen muchas posibilidades de que el PAN retenga la Presidencia.
En los próximos meses se sabrá, pues ya empezó
Roberto Madrazo su batalla definitiva, la que le permitirá mantener el control
absoluto del partido y a la vez ganar la candidatura presidencial. Será una
batalla que durará varios meses.
Nadie, hasta ahora, ha logrado convencer al
tabasqueño de que tiene que hacer una evaluación realista de sus verdaderas
posibilidades, porque no importa cuántas elecciones locales haya ganado el PRI,
lo importante es que para ganar la Presidencia necesita convencer al electorado
de que el partido ha cambiado.
Sin un candidato convincente, viable, sin una imagen
moderna y democrática, será muy difícil para el priísmo mantener la unidad. El
PRI se juega su supervivencia, pues una derrota en 2006 sería el principio del
fin.
En el PRD, López Obrador ha empezado a mover sus
piezas. Sabe que ni con algunos triunfos locales en las próximas elecciones
tendría los suficientes votos para ganar. No bastan los votos del perredismo,
para ello hace falta recurrir a la gran masa de votos no partidistas.
Su estrategia es formar redes ciudadanas, con las
cuales confía poder competir con la estructura priísta, sabedor que el PRD no
tiene una estructura nacional.
A pesar de mantener su popularidad, López Obrador no
ha logrado convencer a grandes y poderosos grupos, quienes lo ven con sospecha
por considerar que su proyecto será un retroceso, no sólo en lo político, sino
también en lo económico y social.
En los próximos seis meses se definirá la candidatura
perredista. Y se sabrá si López Obrador ha acumulado el suficiente impulso como
para ser un competidor serio por la Presidencia de la República.
