La semana estuvo marcada por dos acontecimientos: la
polémica por el presupuesto de egresos y el brutal linchamiento de agentes de
la PFP en San Juan Ixtayopan, una comunidad de la delegación Tláhuac del DF, en
la zona sur de la periferia del Distrito Federal.
En la zona no sólo hay una irrupción de personas de
colonias violentas -Tepito, Buenos Aires, Doctores y Anáhuac-, provocada por
las invasiones auspiciadas por líderes perredistas. Estos grupos han roto el
tejido social de esas comunidades de la periferia.
Se han construido unidades habitacionales que se han
convertido en refugio de tráfico de drogas y muchas otras variantes de
criminalidad.
Ahí también están incrustados los grupos radicales de
la guerrilla, pues ha sido precisamente en esta región donde han aparecido con
cierta periodicidad.
Así que la investigación que realizaban los tres
agentes de inteligencia de la PFP pudo estar relacionada con el narcomenudeo,
pero también con las actividades subversivas de grupos minúsculos, cuya
vinculación con el tráfico de drogas los convertiría en una amenaza a la
seguridad nacional.
El linchamiento que duró poco más de cuatro horas,
desde que la turba detuvo a los agentes federales hasta que los asesinaron, se
ha convertido en un arma más de la lucha política entre el Ejecutivo Federal y
el gobierno de López Obrador.
Los hechos, sin embargo, ampliamente descritos en los
medios de comunicación, muestran que las autoridades federales y locales, el
gobierno foxista y el de López Obrador, privilegiaron sus imágenes políticas al
salvamento de tres vidas humanas.
Los cálculos políticos paralizaron durante tres horas
cruciales al gobierno federal y al capitalino.
En el gobierno federal se perdió tiempo en calcular
qué ventaja les daría contra López Obrador. En el gobierno local se guiaron por
el criterio del jefe de gobierno de que “si no se está bien con el pueblo no se
gana ninguna candidatura”.
Al gobierno federal lo paralizó la falta de decisión
del Secretario de Gobernación Santiago Creel. Creel ha convencido al Presidente
de que no se puede ni debe emplear la fuerza cuando se violenta la ley, porque
se corre el riesgo de ser acusados de represores y se dañaría la imagen del
régimen.
Al gobierno del DF lo paralizó el cálculo político.
Casi bajo la misma hipótesis de Creel: ¿cuál es el costo político de actuar
violentamente para reprimir a la turba?
Y en ese lapso que hicieron todos sus cálculos
políticos, en ese lapso murieron dos personas y una tercera se debate entre la
vida y la muerte.
Ambos son responsables, a juicio de quien esto
escribe, de negligencia criminal.
Así de simple.
Pero, como ocurre en estos casos, la hebra se
reventará por lo más delgado.
Los mandos de la PFP, militares al fin, no actúan sin
órdenes directas. Nadie se atrevió a darlas, ni Ramón Martín Huerta ni Santiago
Creel. Prefirieron dejar morir a los policías federales, antes que arriesgar
sus proyectos políticos.
Y estaban más obligados, pues eran sus agentes los
agredidos.
El precio de privilegiar la imagen de los políticos,
por encima de cualquiera otra consideración, el precio de cuidar no caer en las
casi diarias encuestas, lo pagaron tres agentes federales.
Víctimas de una distorsionada y perversa visión de la
democracia que tienen los políticos de todos los partidos.
PRESUPUESTO
La incapacidad -otra vez- del Secretario de
Gobernación, su naturaleza vindicativa, le impidieron negociar con éxito el
presupuesto de egresos de la Federación.
Metido en un discurso agresivo, en dirimir sus
conflictos con el PRI y con el PRD, Creel no tuvo el talento para negociar.
La democracia, después de todo, requiere de procesos
de negociación, porque la democracia exige una política de compromisos. No se
trata de destruir, de liquidar, ni de satanizar al adversario. De lo que se
trata es de llegar a acuerdos con él, para facilitar la tarea de gobernar.
No sólo no se negoció, sino que se le calentó la
cabeza al Presidente y de alguna manera los que fracasaron en la negociación
-Gil Díaz y Creel-, le pasaron la pelota al Presidente Fox, quien con su habitual
ligereza inició una confrontación con el Legislativo que puede conducir a una
crisis constitucional.
Asustados por la reacción del Congreso, han puesto en
marcha una campaña mediática, para controlar cualquier posible daño -otra vez-
a la imagen del gobierno foxista.
Los hechos son así:
El artículo 72 constitucional determina el
procedimiento a seguir cuando el Presidente de la República va a devolver una
iniciativa o un decreto al Congreso de la Unión. Lo que se conoce como veto.
Pero el artículo 72 constitucional sólo se refiere a iniciativas o decretos
aprobados por LAS DOS CAMARAS, NUNCA A INICIATIVAS O DECRETOS APROBADOS POR UNA
SOLA DE LAS CAMARAS.
Ese es el meollo del problema. Y el origen de la
confusión.
Esa es la interpretación rigurosa, ortodoxa, de la
Constitución.
Lo que quiere el gobierno foxista, mal asesorado, es
darle una interpretación más amplia al artículo 72, para poder vetar el
presupuesto de egresos.
Eso, por supuesto, sólo lo puede hacer la Suprema
Corte de Justicia, el tribunal constitucional de la Nación.
Por eso quieren ir a la controversia. Mas ya se
enteraron, muchos días después, que la Suprema Corte no tiene procesos fast
track, que tiene tiempos legales que podrían llevar la decisión hasta el
próximo marzo. Y mientras no habría presupuesto.
Sin presupuesto de egresos aprobado, el uno de enero
el gobierno no podría emplear un solo peso de sus recursos, porque no puede
gastar en ninguna partida que no esté en el presupuesto aprobado por el
Congreso.
Ahora dice el Presidente que sí va a publicar al
decreto e irse a la controversia.
Otra vez les gana la ignorancia jurídica y la
ineptitud política, como lo señaló el ex ministro de la Suprema Corte Salvador
Rocha Díaz.
Lo más sencillo sería que el Ejecutivo publicara de
inmediato el presupuesto de egresos y luego enviara una iniciativa que lo
corrigiera. Eso abriría el espacio para la negociación, pues no se afectaría la
imagen del Ejecutivo ni la del Legislativo.
Pero como les ganan los micrófonos a todos, es
posible que el Presidente tome el camino difícil, publicar el presupuesto de
egresos, impugnarlo e ir a una controversia constitucional.
Rezando para que la Suprema Corte de Justicia se
apiade de los mexicanos y permita que se queden cuestionados sólo algunos
rubros del presupuesto, los más conflictivos, y que el resto se pueda ejercer a
partir de enero.
