La semana estuvo marcada por más escándalos políticos, más
desencuentros y por una irrefrenable tendencia de resolver los conflictos por
cauces extralegales.
La Nación está atrapada en la red de ambiciones, disputas por el
poder y la desesperación de los grupos políticos por ganar las elecciones de
2006.
La señal más violenta fue la agresión sufrida por el Presidente Fox
en Ciudad Juárez, una violencia inducida que pretenden presentar algunos como
violencia y descontentos generalizados.
La otra señal violenta es la tribalización del PRI, y los
enfrentamientos violentos en las disputas por las ruinas de lo que fuera el PRI
en el Distrito Federal.
Ambos incidentes, por ahora, son aislados, pero son el síntoma de
una enfermedad más grave: la disposición de los grupos políticos a recurrir a
la violencia.
En el incidente de Ciudad Juárez los violentos fueron los seguidores
de agitadores bien identificados en la ciudad fronteriza, lo cual habla de un
descuido no sólo de las fuerzas de seguridad obligadas a dar protección al
Presidente de la República, sino de la miopía con que el mismo Presidente
insiste en tener contacto directo con la gente.
Se combinaron esos dos ingredientes y se tuvo un incidente que es
una verdadera provocación, una provocación a la represión.
Ambos incidentes, aislados entre sí, representan, insistimos, la
tendencia a no respetar las reglas del juego democrático.
Nunca, como ahora, cuando faltan casi 21 meses para las elecciones
presidenciales, ha sido más importante para la estabilidad nacional el respeto
a la integridad de la figura presidencia.
En Los Pinos se desecha el incidente como algo sin importancia. No
se puso en riesgo la integridad física del Presidente.
¿Acaso esperan que alguien le golpee o le agreda con más violencia
para reconsiderar sus medidas de seguridad?
Tal parece que ni los promotores de la provocación, ni en Los Pinos,
se han puesto a pensar el caos político, social y económico que sobrevendría si
el Presidente sufriera un atentado.
Hace falta más rigurosas medidas de seguridad, tanto por el Estado
Mayor Presidencial, como por las autoridades locales.
El discurso violento de todos los grupos de la política y la
facilidad con que se recurre a la violencia para forzar soluciones que se
apartan de los cauces legales, hacen suponer que estos incidentes aislados, por
ahora, pueden volverse más frecuentes.
Todas las fuerzas políticas, incluyendo el Ejecutivo, parecen
dispuestas a la confrontación, suponiendo ingenuamente que la violencia verbal
es escandalosa, pero nada más.
Hace 10 años, trágicamente, se descubrió que de la violencia verbal
a la violencia física hay un solo paso.
