La semana siguió marcada por la confrontación
Fox-López Obrador, la cual, al final del día, es la confrontación de las
estrategias que se enfrentarán en las elecciones presidenciales de 2006.
El lenguaje violento, grosero, de Andrés Manuel López
Obrador es preocupante, no por el caso del desafuero, o por su oposición a la
descentralización educativa, sino porque todos los analistas perciben que las
elecciones de 2006 serán muy competidas y eso crea una amenaza a su
credibilidad.
Existe un sistema electoral como garantía de la
limpieza de las elecciones, pero la falta de reglamentación de las precampañas,
las pocas facultades del IFE para una real fiscalización de las finanzas de
precampañas y campañas, así como la creciente presencia de dinero privado
-limpio y sucio- en las campañas electorales, crean circunstancias que podrían
ser la plataforma de un López Obrador que pierda las elecciones para cuestionar
su legitimidad.
Se hace indispensable una reforma electoral que
intente cuando menos cubrir los frentes mencionados, cerrar muchas de las
brechas actuales, pero también una que fortalezca a las instituciones
electorales, para impedir que sean las primeras víctimas de una guerra de
escandalosas declaraciones, de llamados a la resistencia cívica y de atentados
a la gobernabilidad que una eventual derrota de López Obrador significaría.
Igualmente preocupante es la incapacidad del gobierno
foxista para desactivar a tiempo posibles focos de conflicto. Cuando la rápida
solución de estos requiere de recursos públicos, el proceso se torna
desesperadamente lento por dos razones fundamentales:
a)
Nadie quiere ir más allá de la norma, y menos firmar si antes no han firmado
casi todos los funcionarios involucrados.
b) Por
el prurito torpe de que como ya nada es como antes, no hay que hacer operación
política como antes para solucionar los conflictos.
En esas condiciones, debieran preocuparnos los
factores que se acumulan para la elección presidencial.
Debiera preocuparnos porque, como se ha dicho en este
espacio muchas veces, la tranquilidad social de la República depende de la
capacidad de los actores políticos para hacer la transmisión del poder en 2006
tan pacífica y ordenada como la de 2000.
Si no hay voluntad política para garantizarle cuando
menos eso a los mexicanos, la transición democrática podría descarrillarse.
La regresión es un riesgo, como lo es la posibilidad
de un régimen autoritario, peor que en el pasado priísta.
