El rechazo de un juez
federal de la consignación que solicitara el fiscal especial Ignacio Carrillo
Prieto de los que consideró responsables de los sucesos sangrientos del 10 de
junio de 1971, es parte de la salida supuestamente airosa que buscó el gobierno
de Vicente Fox a un problema que él mismo generó.
Al principio del actual
sexenio, Jorge G. Castañeda y Adolfo Aguilar Zìnzer, por su origen de
izquierda, convencieron al Presidente Fox que tendría un gran logro si
conseguía castigar a los responsables de lo que los fantasiosos han dado en
llamar la guerra sucia en México, incluidos los sucesos sangrientos del 2 de
octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.
La propuesta original
era la creación de una Comisión de la Verdad, con lo que se conseguiría
elaborar un informe que enjuiciara a los Presidentes priístas y, de paso, darle
un golpe letal al PRI cuando se acercaran las elecciones de 2006.
La idea era disponer de
un informe que permitiera acomodar las hipótesis de manera que tuvieran el
mayor efecto político y, por supuesto, que causaran mas daño al PRI. No se
trataba de forzar un juicio ante ningún tribunal, lo cual les quitaba la
obligación de que las pruebas aportadas fueran tuvieran que satisfacer
requisitos legales o constituciones.
No obstante, en un giro
de ultima hora, el Presidente Fox y Santiago Creel decidieron llevar a los
tribunales cuando menos al expresidente Echeverría y algunos de sus
colaboradores, fueran civiles o militares.
Encomendaron a un
especialista el diseño de la estructura de la Fiscalía para los movimientos
políticos y sociales del pasado.
Una vez diseñada la
fiscalía, el mismo especialista que lo hizo se negó a ocupar el puesto. Luego
de sondear en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Santiago Creel Miranda
consiguió a Ignacio Carrillo Prieto, jurista de poca monta, pero con vínculos
familiares con algunas personas que figuraron en la guerrilla.
Carrillo Prieto ha
llevado la fiscalía con mucha torpeza, porque le dio injerencia a figuras de la
guerrilla y con ellos le restó toda imparcialidad a la investigación.
La investigación empezó
a tomar tintes clarísimos de venganza política, con lo cual se empezaron a
comprometer las relaciones con el PRI, cuyo respaldo necesita el gobierno
foxista para avanzar aunque sea un poco con algunas reformas, por suaves que
sea y pasar algunas leyes que son indispensables, como la de seguridad.
Por eso, sabedores que
no se contaba con pruebas suficientes para enjuiciar, la fiscalía optó por
ofrecerle al Presidente Fox la salida de la acusación de genocidio, un delito
de tipo internacional. Sabían que no prosperaría la acusación por genocidio,
pero ya podrá decirle el Presidente Fox a todos que el Ejecutivo ya cumplió,
que ahora todo esta en manos del Poder Judicial.
Y otra vez el régimen
elude enfrentar sus responsabilidades y busca endosárselas a quien mejor puede.
En este caso, será la Suprema Corte la que tendrá que decidir sobre el punto
constitucional que ha presentado el fiscal Carrillo Prieto
Primero, ¿fue genocidio
lo ocurrido el 10 de junio?
Segundo, ¿puede
eliminarse la constitucional no-retroactividad de la ley en este caso?
Es una salida que le
permite al gobierno lavarse las manos.
La reacción y rechazo que
provoque este asunto, que finalmente tardará varios meses en desaparecer,
podrán reflejarse en alguna campaña contra el Poder Judicial.
Es otro error grave,
porque en aras de propósitos ligeros, el régimen foxista otra vez actúa para
socavar las instituciones
Y cuando las
instituciones se debilitan se abre el espacio para figuras providenciales,
carismáticas, que históricamente esta probado que terminan por convertirse no
sólo en autoritarias, sino casi siempre en dictaduras.
Son riesgos irresponsables
los que corre el gobierno de Fox, riesgos que pueden serle muy costosos a la
República.
