Los hechos están a la vista. Han sido difundidos por
todos los medios, escritos y electrónicos, pero cada uno de los actores les da
la interpretación que mejor le conviene.
Ya pasó a segundo término el eventual fraude del ex
secretario de finanzas del DF Gustavo Ponce. O las raterías de personajes
menores de la política, como René Bejarano o Carlos Imaz, o cualquiera otro de
los funcionarios del gobierno de la ciudad de México que se involucraron en la
red de corrupción que tejió Carlos Ahumada.
Y pasa a segundo término cuando ocurre una
confrontación entre Andrés Manuel López Obrador y el Presidente de la
República.
Lo ocurrido durante la semana que termina es algo más
grave, algo más peligroso para la salud de la vida política nacional.
El abierto y público enfrentamiento ha provocado una
división de opiniones que nos puede llevar a un enfrentamiento entre los
diversos sectores de la sociedad mexicana.
Porque están confrontados el Poder Ejecutivo Federal y
el gobierno de la ciudad de México, respaldado éste último por el PRD, su
partido y el tercero en importancia en la República. Mas también están
confrontados los partidos y hasta los medios de comunicación.
No importa lo que se piense acerca del escándalo del
videogate. No importa si se piensa que tiene la razón uno o el otro.
Las declaraciones de la semana han alcanzado niveles
muy violentos.
Con argumentos falaces, conclusiones e
interpretaciones convenientes de los acontecimientos ocurridos desde el 1 de
marzo, se ha creado una tormenta política.
Todos los protagonistas, desde Andrés Manuel López
Obrador hasta la PGR, se han dejado arrastrar por sus propias palabras.
Una vez puesta en marcha la estrategia del complot, ni
López Obrador ni su partido se han podido echar atrás. No se dejaron espacio
para hacerlo.
Una vez puestos en marcha mecanismos jurídicos, el
Ejecutivo se empieza a colocar también en la posición de no poder marcha atrás.
En la confrontación, López Obrador ha desafiado a
varias instituciones del Estado, especialmente a la institución central del
sistema político mexicano: a la Presidencia de la República.
Y lleva la ventaja, porque sabe que si el gobierno
federal lo acusa ante algún tribunal o hace cualquiera otra cosa en su contra,
él será considerado víctima del Estado. “Como en el antiguo régimen”, dijo ayer
en su matutina conferencia de prensa.
Sabe también que si no lo acusan, entonces habrá
probado que ha alcanzado tales dimensiones su poder que ni el gobierno de la
República puede tocarlo.
En la apuesta de mostrarse más fuertes que el gobierno
de la República, se juegan López Obrador y su partido la tranquilidad de la
Nación.
Se juegan la estabilidad política y ponen en riesgo
nuestra todavía frágil democracia.
Al desafiar al Presidente Fox lo hace confiado en su
fuerza, en su popularidad y en los recursos que proporciona gobernar la ciudad
más grande de la República, una de las más grandes del mundo.
López Obrador intenta demostrar su fuerza y fortalecer
su popularidad. “El Pueblo está conmigo”, parece decir López Obrador.
Y está seguro que ese pueblo le llevará a la
Presidencia de la República.
Otra vez el lenguaje político se vuelve violento, como
violento fue el lenguaje político utilizado en aquel trágico y sangriento 1994.
De la violencia verbal se pasa fácilmente a la violencia
física, dijo Octavio Paz en 1994.
Los actores de esta confrontación no deben olvidar que
lo que ahora es una crisis política pueden degenerar en violencia física, y la
Nación puede entrar en una espiral que rebase a todos.
Cuando intencionalmente se desencadena una crisis
política, se debe recordar que la historia ha probado que al poner en marcha
una serie de acontecimientos, éstos pueden salirse de control. Históricamente
la inercia de los acontecimientos y de la violencia verbal y física ha rebasado
a los protagonistas políticos.
Y muchas veces los ha devorado.
No sabemos si López Obrador trata de ocultar algo, no
sabemos si el Presidente Fox por fin se ha decidido a que la Presidencia de la
República no puede ser arrinconada.
Lo que sí sabemos es que las crisis políticas con
mucha facilidad se convierten en crisis económicas.
Y el peor método para resolver una crisis económica es
el de la lucha de clases, porque la lucha de clases es la semilla de violencia
civil.
Y es criminal que a los mexicanos, agobiados por la
pobreza, la marginación, la inseguridad y el desempleo, alguien se atreva a
exigirles que se sumerja en la violencia civil.
Los políticos provocan la violencia civil, pero los
demás, los ciudadanos de a pie, somos los que pagamos el costo de esa
violencia.
