“…Si en un
ambiente de descontento, un funcionario se levanta de mal humor y bajo el
influjo de ese mal humor aprueba una medida impopular, puede desencadenar
protestas que luego pueden convertirse en una insurrección popular, alterando a
veces el curso de la historia”.
Palabras más, palabras menos, así describió un
filósofo de la historia la repercusión que incidentes, al parecer
insignificantes, pueden tener en la vida de las naciones.
En el caso de los escándalos del videogate del Distrito
Federal, es posible que ya se haya alterado al menos el clima y quizá hasta el
curso del proceso de la elección presidencial de 2006.
Los hechos son elocuentes:
Andrés Manuel López Obrador sabía de la vinculación
que había entre el empresario Carlos Ahumada Kurtz y la corriente del PRD que
encabezan Rosario Robles y Cuauhtémoc Cárdenas, corriente que siempre fue vista
como un obstáculo para sus aspiraciones de ser candidato a la Presidencia de la
República.
Desde que tomó posesión decidió cortar con los
negocios que los funcionarios del gobierno de la ciudad de México hacían con
Carlos Ahumada Kurtz, y de paso cortarle una importante fuente de recursos a
quienes dentro del PRD le hacían la guerra.
Carlos Ahumada vio así que lo que era un río de
negocios con el PRD empezó a reducirse a un hilo de agua.
Ahumada apostó a que sus contribuciones a las campañas
perredistas en las elecciones legislativas de 2003 le abrirían la posibilidad
de recuperar algo del terreno perdido.
Mas como ya había sido presionado, decidió acumular
pruebas de esas “donaciones”, para en su momento aprovecharlas pruebas para
presionar a los funcionarios involucrados.
Se entiende que muchos de los candidatos beneficiados
sabían que adquirían un compromiso, pues es inaceptable que sean ingenuos.
Y aquí es donde adquiere importancia que uno de los
que recibió dinero haya sido René Bejarano, quien por haber sido secretario
particular de Andrés Manuel López Obrador no podía ignorar que su jefe, López
Obrador, tenía, como dice el jefe de gobierno, “desconfianza de las relaciones
de Ahumada con el gobierno del DF”.
Esa es una de las preguntas que no han respondido ni
Bejarano ni López Obrador.
Si había tanta desconfianza, ¿por qué un hombre tan
cercano a López Obrador acudió a recibir dinero?
Como sea, Ahumada averigua en enero que todos sus
“donativos” a los perredistas habían sido inútiles. Supo que López Obrador
había ordenado una investigación que pondría a descubierto sus operaciones
ilegales con funcionarios del gobierno del DF. La investigación se condujo con
sigilo, para así poder cubrir a los altos funcionarios a quienes hubiera que
cubrir.
Y, reaccionó.
Recopiló todas sus pruebas y buscó a quién entregarlas
y cómo manejarlas para que simultáneamente le sirvieran para denunciar, para defenderse
y para vengarse.
Durante todo ese tiempo, los otros partidos se sentían
impotentes ante el crecimiento de la candidatura de Andrés Manuel López
Obrador.
Los documentos y los videos de Ahumada le ofrecieron
al PAN, o a un grupo del PAN, la oportunidad de asestarle a López Obrador un
golpe que socavara la imagen de invencible que se había construido el jefe de
gobierno.
Entra en escena Diego Fernández de Cevallos, quien
entendió que las pruebas de Ahumada eran la oportunidad que habían esperado.
Mas Fernández de Cevallos no actuó sin cubrirse las
espaldas. Canalizó a Ahumada para que acudiera a las autoridades a presentar su
denuncia por extorsión.
Entonces empezó una partida de ajedrez.
López Obrador fue informado que Ahumada preparaba una
denuncia. Se enteró que Ahumada haría la denuncia y puso en movimiento a la
Procuraduría capitalina para intentar impedirlo.
De la PGR se filtró la información de cuando
presentaría el empresario su denuncia. Supieron que sería el 20 de febrero.
Y enviaron ese día a la PGR un grupo de judiciales del
DF, comandados por el comandante Eligio Rodríguez para que detuviera a Ahumada
tan pronto se presentara a declarar ante el ministerio público federal. Allí en
la PGR permanecieron durante varias horas los judiciales del DF, con su orden
de presentación para detener a Ahumada.
Pero para entonces ya estaba Ahumada en el Hotel
Presidente declarando ante el ministerio público.
Para ocultarlo mejor el Cisen pagó una suite donde se
llevó a cabo la diligencia de la denuncia.
Rebasados, López Obrador y su gente decidieron
acelerar las averiguaciones contra Ahumada. Y no les quedó más que esperar que
la PGR hiciera pública la denuncia recibida y empezaron a preparar su
respuesta.
Todo indica que la difusión, primero del video de Gustavo
Ponce y luego de René Bejarano, los tomó por sorpresa.
López Obrador habló con Ponce. Y Ponce huyó. A la
mañana siguiente se le cesó.
Luego vino el video de Bejarano. Y de inmediato éste
renunció, no sólo a la Asamblea Legislativa del DF de la cual era el líder,
sino también al PRD, con lo que se cubrió de cualquier sanción.
Luego vino el video de Carlos Imaz. Entonces los
grupos perredistas partidarios de López Obrador se movilizaron para intentar
desvincular al PRD de cualquier relación con Ahumada.
Manejaron la tesis de que la corrupción propiciada por
Ahumada había tocado sólo a unos pocos. Unos pocos, claro, que casualmente eran
los adversarios de las aspiraciones presidenciales de López Obrador.
Y se cerró la pinza. Se expulsa a Rosario Robles y está
en camino ya la expulsión de Carlos Imaz y Octavio Flores, delegados en Tlalpan
y Gustavo A. Madero, quienes el pasado sábado renunciaron a sus cargos.
Se hizo la purga.
Vino entonces la fase de la desinformación.
Los acusadores se convirtieron en acusados. Una vieja
estrategia.
Se creó confusión, si no en la opinión pública
informada, si en la población, especialmente en los sectores beneficiados por
el gobierno de la ciudad.
El informe de gobierno en el Zócalo fue simplemente la
repetición hasta de las mismas frases empleadas para defender la imagen de
López Obrador.
Vendrán todavía los eventuales juicios que resulten de
las averiguaciones.
La Procuraduría capitalina tendrá que castigar a más
perredistas.
Y la PGR tendrá que decidir si hace mártir a López
Obrador o si simplemente se conforma con el castigo a quienes violaron las
leyes electorales.
Esa sería no una crónica, sino un punto de vista, aún
incompleto porque faltan acontecimientos por ocurrir, pero es la visión de
quien esto escribe sobre lo ocurrido.
Un poco separar los hechos de los dichos.
Y
al hacerlo, aspiro a contribuir a que los amables
lectores de este espacio cibernético se formen su
propia opinión.
