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La opinión pública empieza a ser bombardeada
con informaciones que califican como lastre para la República a las exageradas
y onerosas prestaciones que reciben algunos de los grandes sindicatos de la
República.
Lo mismo se denuncia las prestaciones que
recibe el sindicato magisterial, que las otorgadas al sindicato petrolero o de
los electricistas.
Quizá tengan razón, pero si vamos a discutir
con seriedad, Joaquín, tenemos que reconocer primero que las prestaciones están
escritas en los contratos colectivos que han suscrito con las autoridades
respectivas.
Entonces, Joaquín, la conclusión lógica es
que si al gobierno y a las paraestatales les parecen exageradas las
prestaciones de sus grandes sindicatos, y las quieren reducir, eso significa
que deben cambiarse los contratos colectivos de trabajo.
Así de fácil. Así de difícil.
Los nostálgicos recuerdan cómo hace 20 años
la señora Margaret Thatcher, la dama de hierro, ganó varias batallas a los
grandes sindicatos de la Gran Bretaña. Sí, pero lo hizo cuando el respaldo era
abrumador en las urnas.
Como dicen los abogados, aceptando sin
conceder los argumentos de los críticos de las prestaciones sindicales, ¿están
seguros de que el gobierno de Felipe Calderón tiene la fortaleza para enfrentar
a todos los grandes sindicatos?
Una batalla política como la que buscan
ciertos grupos económicos debe librarse desde una posición de gran fuerza
política.
Sin esa fuerza, es irresponsable y
políticamente miope que esos grupos de interés económicos empujen al gobierno y
a la República a una batalla que no se puede ganar. Al menos no se puede ganar
ahora.
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