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La incursión de helicópteros y tropas
colombianas en territorio de Ecuador para atacar un campamento guerrillero, ha
provocado una crisis internacional, convertida en una confrontación no de
Ecuador con Colombia, sino de Venezuela con Estados Unidos.
El gobierno del Presidente Calderón ha
actuado con prudencia y sensatez. Ha condenado la violación de la soberanía
territorial de Ecuador; pero también ha convocado a las partes a buscar una
salida diplomática del diferendo.
El incidente ha puesto al descubierto la
eventual participación de ciudadanos en las actividades de la guerrilla de las
FARC.
Se dice que la joven mexicana herida en el
campamento guerrillero sólo realizaba una tarea de investigación académica,
algo así como investigación sociológica.
Su familia reconoce que es una activista
social, aunque niega que sea guerrillera. Entonces ya no es el interés
puramente académico lo que la llevó al campamento de las FARC.
Desde hace tiempo se sabe que las FARC y
algunos grupos vinculados al gobierno venezolano de Hugo Chávez realizan
actividades propagandísticas en la UNAM. Ahora se habla de actividades
proselitistas en algunas ciudades de la República.
El asunto deja de ser menor, porque la
política de asilo de México no puede distorsionarse con la tolerancia de grupos
que reclutan a jóvenes mexicanos para incorporarlos a sus filas y entrenarlos
para la lucha armada.
Lo menos que puede hacer el gobierno mexicano
es iniciar una rigurosa investigación para determinar quienes son sólo
activistas sociales y quienes reclutadores de guerrilleros.
Eso provocará reacciones estridentes, claro,
pero no hacerlo sería darnos un tiro en el pie.
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