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Abrumada por la expectación causada por la
designación de Juan Camilo Mouriño como Secretario de Gobernación, no acaparó
la atención de los medios la presentación por parte de un grupo de diputados de
una controversia constitucional contra el impuesto a la gasolina, el llamado
gasolinaza.
Se reunieron diputados perredistas, petistas,
en fin prácticamente toda la oposición agrupada en el Frente Amplio Progresista
de Andrés Manuel López Obrador. Se les unieron algunos priístas, definidos como
progresistas.
El impuesto a la gasolina, se alega, afecta
directamente a los ciudadanos y luego dan a conocer no se cuantas normas
legales que dicen viola el gobierno federal al cobrar dicho impuesto.
Desde que se convirtió a la Suprema Corte de
Justicia en tribunal constitucional, se han presentado ante la Corte
innumerables controversias constitucionales mediante las cuales se busca
modificar decisiones de los gobiernos federal y estatales.
Es bueno, por supuesto, que exista un
mecanismo que prevenga que cualquier autoridad viole los derechos
constitucionales.
Este caso del impuesto a la gasolina tiene
sin embargo una característica singular.
El llamado gasolinazo fue aprobado, sin
embargo, por la mayoría de los diputados cuando aprobaron la cacareada reforma
fiscal.
Ese es el punto, los diputados aprobaron el
gasolinazo hace cuatro meses.
Ahora presentan una controversia
constitucional para echarlo abajo.
La presentación de la controversia
constitucional es la confesión de que los diputados no siquiera se enteran de
lo que aprueban.
Ni siquiera les da vergüenza confesar
públicamente que como diría mi abuela, están en la luna.
¡Qué cinismo, Joaquín, qué cinismo!
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