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En la Cámara de Diputados se votará el
próximo febrero sobre las reformas de seguridad y justicia que fueron
reformadas en el Senado.
Muchos han criticado esta iniciativa, por
considerar que se vulneran garantías individuales.
Es posible que esa iniciativa no sea la
panacea para combatir al crimen organizado, pero algo tiene que hacerse,
Joaquín.
Sobre todo porque al arranque del año se ha
iniciado una brutal ofensiva de las mafias del narcotráfico.
Es una sistemática campaña de amedrentamiento
a las autoridades, mediante el asesinato de jefes policíacos, ejecuciones
sumarias de quienes participan en decomisos de drogas y abiertas
confrontaciones armadas hasta con fuerzas militares.
En algunos, no sé cuántos, la campaña de
amedrentamiento empieza a tener efecto.
Hasta entre nuestros políticos, Joaquín.
Hace unos días que funcionarios públicos
reconocieron la ingerencia en la política de grupos vinculados al narcotráfico.
Sólo hubo reacciones aisladas y todo mundo
prefirió ocuparse de asuntos menos comprometedores.
Y se reanudaron los debates, el chismerío
habitual de la política. Y a nadie parece importarle que la vida pública
nacional pueda degenerar tanto como para que muchas decisiones no puedan
tomarse sin tomar en cuenta a las mafias de los narcos.
Mientras las élites políticas y académicas
se oponen a que el Estado haga uso de su legítimo y constitucional monopolio de
la fuerza, las mafias del narcotráfico, sin esos escrúpulos empiezan otra vez a
secuestrar comunidades.
Con sus debates bizantinos, las élites
económicas y políticas de la República dejan a los ciudadanos, otra vez,
indefensos ante las mafias del narcotráfico.
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