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El próximo febrero empezará el Congreso a
discutir la reforma energética.
Se trata de contener la sangría a la que es
sometido Petróleos Mexicanos por el erario mexicano. De acabar con eso que la
calificadora Standard and Poors llamó la adicción gubernamental al petróleo.
El debate será muy intenso.
Se confrontan tres posiciones: una, la de la
Secretaria de Energía Georgina Kessel que propone abrir Pemex al capital
privado. La de quienes se niegan a hacerlo y la tercera vía, quizá la más
viable, que sugiere seguir el ejemplo de las exitosas petroleras estatales de
Noruega y Brasil.
Quizá el gobierno del presidente Calderón no
presente iniciativa. Quizá sólo se confronten la iniciativa del sector más
racional del priísmo con el radicalismo de un sector de la izquierda.
Sin embargo, Joaquín, ni los más radicales
pueden negar que hay que hacer algo con Pemex, para evitar que se desplome la
producción petrolera en menos de una década y México pase a ser uno más de las
naciones que importan crudo.
Además, el desplome de la producción
petrolera sería un golpe letal para las finanzas públicas y tendría
consecuencias sociales y políticas impredecibles.
Comparto las reservas de quienes no quieren
ver el control del petróleo en manos extranjeras, pero también pienso que
podemos voltear hacia los países que han encontrado la fórmula que les permite
explotar con éxito sus recursos petroleros sin perder soberanía.
Importa el futuro económico del país, no las
mezquinas ambiciones de políticos radicales.
Porque, parafraseando a un clásico, Joaquín,
sin petróleo, no hay país.
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