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Hasta esta mañana había registrados 112
aspirantes a ser consejeros del Instituto Federal Electoral.
Esta noche, al cerrarse el registro de
aspirantes, pensamos ingenuamente, empezarán los diputados a revisar los
expedientes y a separar, como dicen, la paja del trigo.
Algunos podremos no estar de acuerdo con
el relevo de consejeros del IFE, así lo hemos dicho, pero tenemos que reconocer
que al final del día a los diputados les corresponden la tarea y la facultad
legal de aprobar los nombramientos de los tres primeros consejeros que serán
relevados dentro de quince días.
Se trata de un proceso eminentemente
político, porque políticos son todos los procesos y decisiones que se toman en
el Congreso, el foro político por excelencia.
Por eso, Joaquín, porque es un derecho que
constitucionalmente corresponde a los diputados, me sorprende que para separar
la paja del trigo, para iniciar el proceso de selección recurran a lo que
podría ser considerada una privatización de un proceso de la Cámara de
Diputados.
Nos enteramos que contrataron a una
consultora, a una empresa de las llamadas head hunters, para que haya la
evaluación de los aspirantes a consejeros electorales.
Sorprende, Joaquín, porque muchos de estos
diputados de la Junta de Coordinación Política criticaron fuerte al ex
presidente Fox cuando anunció que la selección de su gabinete se la había
encargado a una empresa de headhunters.
De pena ajena, Joaquín, que los diputados
trasfieran una responsabilidad legal y constitucional a una empresa privada.
Eso podría calificarse como negligencia.
La misma negligencia que quieren castigar
en el nuevo Cofipe.
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