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De
acuerdo a la reforma constitucional en materia electoral, cuya aprobación tanto
se ha festejado, se logró uno de sus objetivos: aprobar la renovación escalonada
de los consejeros electorales del IFE y remover al consejero presidente Luis
Carlos Ugalde.
Ahora es cosa de tener un procedimiento a
seguir para la designación del sucesor del doctor Ugalde y de dos consejeros
más que, como afirman, se van, porque se van.
Según la reforma del artículo 41 de la
Constitución eso constará en la ley, pero el tiempo se les vino encima y no han
cambiado la ley correspondiente, el Cofipe.
Y le
dan la vuelta a la constitución con un acuerdo entre los líderes de las
bancada. Cambian el artículo 34 de la ley orgánica del Congreso y le dan a la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la facultad de nombrar
a los nuevos consejeros.
Así,
gozosos, los legisladores se pasan por el arco del triunfo la reforma al
artículo 41 constitucional.
Pero
el Senado atora el cambio al artículo 34. Quieren tener voz en la elección de
los consejeros, gritan furiosos los diputados.
Y ha
empezado un forcejeo entre senadores y diputados.
Como
se ve, Joaquín, ni a diputados ni a senadores parece importarles aprobar
procedimientos que podrían inconstitucionales.
Lo
importante son las parcelas de poder. Por ese camino estará en duda la
constitucionalidad de la elección de nuevos consejeros del IFE.
Ellos, los que hacen las leyes, no se sienten
obligados a cumplirlas.
Y,
de paso, liquidan a la autonomía del IFE.
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