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El
problema inmediato en Tabasco, Joaquín, tiene muchas facetas.
Primero,
claro, atender a los damnificados, facilitar que fluya la ayuda.
Pero
también, desde ahora, tienen que tomarse medidas para el gran problema social y
político que puede ser la secuela más inconveniente del desastre tabasqueño.
Son
miles los que aún no pueden regresar a sus casas. ¿Y cuándo regresen, qué?
¿Cómo reponer lo perdido? Y algo más,
¿conservarán sus empleos?
Al
bajar las aguas, Joaquín, apenas empezaremos a darnos cuenta de la magnitud de
lo ocurrido en Tabasco.
Apenas se empezará a medir por las demandas
que vendrán de los ciudadanos que han perdido su patrimonio.
El
plan de reconstrucción anunciado por el Presidente Calderón tiene que tomar en
cuenta las necesidades de esos tabasqueños que lo han perdido todo.
Tiene que crearse una organización que
atienda las demandas que se multiplicarán. Y que si no se atienden con
oportunidad y con eficacia pueden convertirse en focos de agitación social.
En
todos los desastres surgen personas que con el pretexto de representar a los
afectados, primero realizan gestiones, luego exigen y exigen, porque así es
como se han construido carreras políticas.
Algunos destacados políticos del Distrito
Federal utilizaron el sismo del 85 para cimentar sus carreras.
Esas
personas medran con la desgracia ajena.
De ahí la urgencia de que el gobierno del
Presidente Calderón y el gobernador Granier enfrenten también la faceta
política del desastre.
Y
tienen que hacerlo ya, antes de que la empiezan a dejarse sentir los redentores
de los damnificados.
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