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En
Baja California, a pesar de apantallantes programas anunciados por el
gobernador Eugenio Elorduy, florece la industria de venta de protección.
Se
le amenaza a los ciudadanos con dañarlos, a ellos y a sus familias, si no pagan
una cuota a los criminales.
Otra
faceta del crimen organizado.
El
caso de Baja California se repite en varios Estados de la República. Hasta en
esta ciudad de México, donde todos los días nos dicen que no pasa nada,
mientras en el Centro Histórico opera una red de venta de protección a
comerciantes.
La
seguridad ha sido y es uno de los grandes pendientes.
En
el Senado, por fin, empezaron a revisar las iniciativas de seguridad y justicia
enviadas por el Presidente Calderón, las cuales dicen se retrasaron porque
contienen normas que violan las garantías individuales, al facultar a la
autoridad a que sin orden judicial intervengan teléfonos, hagan cateos y ejecuten
arraigos.
Eso,
dicen en el Congreso, se corrige si hay un cuerpo especial de jueces para dar
las autorizaciones con celeridad para evitar fugas de información, como ahora.
Pues
será, Joaquín, pero deben actuar, porque ya pasó la hora de los diagnósticos.
Es la hora de los remedios.
Si
no se combate en serio al crimen organizado que empieza a ahogar a la sociedad
mexicana, la responsabilidad será del gobierno.
Y el
gobierno no es sólo el Ejecutivo, también lo son el Congreso y el Poder
Judicial.
Y si no se combate al crimen organizado con
eficacia todos serán responsables.
Nadie
podrá lavarse las manos.
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