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No conocemos los alcances de las
consecuencias de los atentados contra ductos de Pemex.
Sabemos que falta gas para mil industrias,
incluyendo siderúrgicas y la planta de la Volkswagen y que se ha tenido que
importar más gasolina y transportarla por vía terrestre.
Sólo el gobierno conoce el real alcance de
los daños causados por los atentados. Por eso el procurador general de la
República Eduardo Medina Mora califica como terroristas a los militantes del
EPR.
La presunta desaparición de dos militantes
es la excusa de muchos para explicar las acciones del EPR, y de paso criticar
al gobierno.
Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia
para atribuirle las desapariciones al gobierno.
Pero ni siquiera la afinidad ideológica
puede esperar que el gobierno del Presidente Calderón no combata a los grupos
armados. Nadie puede ser tan irresponsable.
El hasta ahora inexplicablemente fortalecimiento
del EPR y sus acciones terroristas exigen una respuesta enérgica del Estado y
de la sociedad.
Para el Presidente Calderón es una
obligación legal y constitucional derrotar al terrorismo del EPR. Para la
sociedad y todas las fuerzas políticas es una obligación moral respaldar esa
lucha.
Y enfrentar juntos el desafío planteado
por el dilema de derrotar al terrorismo con las armas de la ley y el respeto a
las garantías individuales.
Esa es la clave, el respeto a la ley, la
clave que acallará a las voces más radicales.
Porque estamos ante el dilema de todas las
democracias modernas: derrotar al terrorismo con las armas de la ley.
Bienvenidos a la modernidad.
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