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Ahora que el ánimo de la clase política es
tan reformista, tan dispuesto a cambiarle al país hasta la forma de caminar,
bien podrían empezar por atender asuntos que parecen menores, pero que tienen
su importancia.
Me refiero a las reglas para manejar y
disponer de los bienes que desde hace ya varios años se les decomisan a las
personas involucradas en el crimen organizado.
Durante un tiempo se suponía que la
Procuraduría General de la República era la encargada de manejar y disponer de
los bienes confiscados al narco.
Después se decidió que fuera la Secretaría
de Hacienda quien administrara dichos bienes.
El problema no es menor, porque lo que ha
confiscado al crimen organizado no sólo es dinero en efectivo, como los famosos
205 millones de dólares. Se le han confiscado hoteles, centros nocturnos,
restaurantes, empresas de todo tipo, vehículos, aviones y, por supuesto,
innumerables residencias.
Y salvo excepciones, todos esos bienes,
Joaquín, se han estado pudriendo durante muchos años. A veces porque
procedimientos legales irregulares hacen que los jueces devuelvan los bienes a
sus propietarios, pero en la mayoría de los casos porque el tema no ha sido
atendido debidamente.
Las reglas burocráticamente confusas y
enredadas, están diseñadas para que no se haga nada. Por eso no reparten
todavía los 205 millones de dólares.
¿Quién puede cambiar las reglas? El
Congreso, Joaquín.
Pero los legisladores no tienen interés en
hacerlo.
Y tal parece que desde el Ejecutivo
tampoco hay interés, porque no se proponen reglas claras.
Es, sin duda, un triunfo del burocratismo.
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