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Se
ha alborotado otra vez el conflicto en el sindicato minero.
Se alborota porque la maniobra de Napoleón
Gómez Urrutia fue oportuna, al enviar a su abogado a revelar una presunta
conclusión de la Procuraduría General de la República que cuestiona la
autenticidad de algunas de las firmas de miembros del sindicato minero que
sirvieron para avalar la destitución de Gómez Urrutia y permitió a Elías Morales ser líder
sindical.
Ahora, aliados el PRI y el PRD exigen
investigaciones más a fondo, pero, sobre todo, para exigir que si es necesario
se enjuicie hasta al ex presidente Vicente Fox.
Quizá en la destitución de Napoleón Gómez
Urrutia hubo alguna ingerencia del ex presidente. Pero, si somos realistas,
será difícil probarlo.
Igualmente difícil será fincarles
responsabilidades a los ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
Será el actual gobierno quien desde la
Secretaría de Trabajo tendrá que evaluar el caso, pero nada se podrá hacer
mientras la PGR no haga público su dictamen sobre las firmas.
Las exigencias del PRI y el PRD son
maniobras políticas, como maniobras políticas son las docenas de entrevistas
dadas por el abogado de Gómez Urrutia.
Se habla de una inminente convención de
mineros, para elegir dirigente sindical.
El gobierno tendrá que ser prudente para no
ser acusado de meterse en la vida sindical.
Pero tendrá que vigilar que tampoco las
empresas del sector minero se entrometan.
Pero la disputa minera será encarnizada,
después de todo se pelean más de 50 millones de dólares.
Y por menos muchos se han dado de puñaladas.
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