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El ejercicio del periodismo siempre ha sido
una actividad incómoda para los hombres del poder político y económico. Ahora
es actividad incómoda para el crimen organizado.
Los
fríos números de las estadísticas lo muestran. De 2000 a la fecha han sido
asesinados 32 periodistas y cinco están desaparecidos, presuntamente también
asesinados.
Casualmente es en las poblaciones donde opera el crimen organizado del
narcotráfico donde ocurren los asesinatos y desapariciones de periodistas.
Hace
tiempo se creó una fiscalía en la Procuraduría General de la República para
investigar esos crímenes. Y hasta ahora no se ha detenido a nadie.
Saben
los sicarios que gozan de impunidad y proceden con toda libertad, como si fuera
temporada de cacería de periodistas.
El
crimen contra Amado Ramírez, el corresponsal de Televisa en Acapulco, es un
nuevo desafío de las mafias del narcotráfico.
La
reacción de las autoridades, de todas las autoridades, locales, estatales y
federales, siempre es la misma: “… no permitiremos agresiones a la libertad de
expresión…”. Y nada más.
La
arrogancia criminal del narcotráfico es ya una amenaza contra la seguridad
nacional; pero los intereses políticos y los prejuicios ideológicos impiden
actuar de acuerdo al tamaño de la amenaza.
Ahora,
cuando la actividad de los narcotraficantes amenaza a la seguridad nacional,
los prejuicios políticos e ideológicos han creado una parálisis.
Recuerdo aquella noche del 30 de mayo de 1984, cuando todo el gremio
acudió al sepelio de Manuel Buendía. Una periodista comentó: “… nos ha juntado
el miedo…”
Ahora, Joaquín, ni eso, ni eso nos junta.
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