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Soy
de los que piensa que el asesinato de siete personas a manos de sicarios del
crimen organizado es un asunto que obliga al gobierno del Presidente Calderón a
revisar sus prioridades.
No se trata de abandonar los otros asuntos que
necesariamente tiene que atender el gobierno del Presidente Calderón, sólo de
esforzarse más en el asunto de la inseguridad provocada por el crimen
organizado.
Se multiplican los asesinatos y se ha vuelto
rutina que las autoridades locales, estatales y federales simplemente las
expliquen como ajustes de cuentas entre criminales, como si eso las eximiera de
hacer algo.
No
podemos ver estos crímenes como simple rutina.
A
principios de marzo el gabinete de seguridad y justicia presentará su programa
sexenal para combatir al crimen organizado.
Es
patético que los actores políticos ignoren la inseguridad pública y prefieren
ocuparse de sus agendas particulares.
Todos
quieren combatir al crimen organizado, pero que la tarea la hagan otros.
No
actúa mejor el Poder Judicial. Ahí está el juez que, quizá por temor, se tomó
10 horas para autorizar el cateo del refugio de los sicarios responsables de
los crímenes de Acapulco.
La
inseguridad es problema social y político, pero también económico, como lo
reconoció el Secretario de Hacienda Agustín Carstens esta mañana, al decir que
si hay seguridad habrá mejor ambiente para que la economía marche bien.
El
desafío del crimen organizado no es basura que puede echarse bajo la alfombra.
Hay que enfrentarlo con decisión, la suficiente como para no atarle las manos al Estado Mexicano.
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