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Sigue, implacable, la ofensiva contra
el Instituto Federal Electoral.
Pienso, como muchos, que la destitución
de los actuales consejeros electorales sería algo que luego lamentaríamos, pues
hace del IFE moneda de cambio para las negociaciones partidistas y se rompe la
esencia de la autonomía que le concedió la reforma electoral de 1996.
La autonomía sacó al gobierno de la
organización de las elecciones.
Pero los derrotados ya no quieren saber
quien se las hizo, sino quien se las paga.
Y le quieren cobrar sus fracasos a los
consejeros del IFE.
En el IFE, es cierto, se han cometido
errores, pero cumplieron razonablemente con la organización de las elecciones
del año pasado.
Y ahora van por el Tribunal Federal
Electoral. Se reclama que los magistrados van a cobrar salarios este año y en
2008, a pesar de que las elecciones federales se celebrarán hasta 2009.
Es cierto que las elecciones federales
serán hasta 2009. Pero sólo en este 2007 habrá 14 elecciones, se renuevan
congresos estatales y tres gubernaturas.
El hecho es que todos los inconformes
con los resultados de esas elecciones seguramente acudirán al Tribunal Federal
Electoral. Así que el tribunal tendrá mucho trabajo.
Entonces, no es cierto que los
magistrados no harán nada durante este 2007, tendrán que resolver las
impugnaciones que surjan de esas 14 elecciones.
Vivimos actualmente en medio de una
tendencia a buscar productividad en los organismos públicos que desempeñan
tareas eminentemente políticas.
Dicen que se trata de aplicar
criterios gerenciales en esos organismos.
Pues será, pero para mí, Joaquín, que
son criterios de cuentachiles.
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